El Gobierno presidido por Quim Torra, que lleva meses rompiendo la neutralidad institucional colocando lazos amarillos para pedir su liberación, tendría potestad para concederles un mejor régimen de visitas cuando sean acercados.
En los últimos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska han considerado «razonable» que los presos golpistas catalanes sean acercados a cárceles de Cataluña cuando acabe el periodo de instrucción judicial, una decisión que la Generalitat catalana celebra, aunque añaden que solo busca «distraer del problema principal», que, a su juicio, es que estén encarcelados.
Desde Podemos también reclaman el acercamiento de los presos de las cárceles madrileñas a Cataluña y aseguran que «la legislación penitenciaria ya establece que una pena privativa de libertad nunca puede ser contra la familia del penado».
Sin embargo, la medida cuenta con la oposición del PP, que en palabras de su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, considera «deleznable» que el presidente pretenda «utilizar la política penitenciaría para pagar el precio por los apoyos parlamentarios» que ha recibido y de Ciudadanos, que cree que responde a un «pacto» del PSOE con los partidos secesionistas.
Según publica El Mundo, estos partidos han recordado que Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferida la competencia sobre prisiones, lo que implica que la nueva consejera de Justicia, Ester Capella, podría dar privilegios penitenciarios a los presos.
El Gobierno presidido por Quim Torra, que lleva meses rompiendo la neutralidad institucional colocando lazos amarillos para pedir su liberación, tendría, por tanto, potestad para concederles un mejor régimen de visitas o permitirles estar juntos mientras mantengan la condición de presos preventivos. Una vez condenados y tras un periodo de cumplimiento mínimo establecido por ley, podrían beneficiarse de permisos penitenciarios y del tercer grado por decisión de la administración penitenciaria catalana.
El director de Prisiones, un activista separatista
El director general de Servicios Penitenciarios de Cataluña, Amand Calderó, que no fue relevado por el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, suele participar en actos separatistas y lucir el lazo amarillo.
El pasado mes de noviembre, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) exigió su dimisión por participar en un acto en el que se pidió la excarcelación de los supuestos «presos políticos» al entender que ese respaldo ponía en duda la «independencia judicial» y comprometía la «neutralidad» de los servicios penitenciarios en la región catalana.
