La Guardia Civil ha remitido un informe al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que afirma que los investigados por el referéndum del 1-O contaron «con la colaboración de miembros de la policía autonómica catalana», que les asesoraron y protegieron de las investigaciones.
Ese es el mensaje que la Guardia Civil transmite al juez que investiga en Barcelona los preparativos y la celebración del referéndum en un informe fechado el 8 de noviembre y al que ha tenido acceso EFE.
Según la Guardia Civil, «miembros» de los Mossos d’Esquadra informaron a las personas que fueron detenidas el 20 de septiembre de las técnicas policiales usadas en las investigaciones, como las escuchas o la colocación de micrófonos.
Los investigadores sostienen que les proporcionaron «servicios de protección con escoltas, cuya única finalidad dadas las circunstancias sería la de detectar y dificultar que puedan seguir siendo investigados por otros agentes de la autoridad».
En su informe, fechado el pasado 8 de noviembre, la Guardia Civil también constata que el 26 de septiembre el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los demás consellers se reunieron con todos los detenidos para felicitarles por su actuación y agradecerles su «implicación» en el proceso independentista.
En una de las conversaciones, en este caso el 27 de septiembre, el exsecretario general de la Vicepresidencia Josep Maria Jové hablaba con su pareja, que le comentó que le había llamado un tal «César», que tenía una reunión con «el mayor», ante lo que el investigado le dijo que no diese más detalles por teléfono.
En la misma línea, Natàlia Garriga, exdirectora de Servicios de la Secretaría General de la Vicepresidencia, habló el 29 de septiembre con una persona no identificada pero que la Guardia Civil deduce que «claramente» se observa que es agente de los Mossos, en la que éste le indicaba que había recibido órdenes de jefatura para darle seguridad y que quería hablar con ella para proporcionarle «cuatro consejos para temas de medios técnicos».
Del contenido de esta conversación se desprendería, según la Guardia Civil, que por parte de la jefatura de los Mossos -con el mayor Josep Lluís Trapero al frente-, «se estaba dando protección a algunos de los investigados para tratar de detectar e impedir que pudieran ser objeto de nuevas investigaciones policiales».
Para el instituto armado, estas conversaciones también acreditan que los Mossos asesoraron a los investigados en la causa abierta en el juzgado de Barcelona en «medidas de seguridad que debían adoptar en el uso de medios técnicos de comunicación».
Otro de los investigados, Francesc Sutrias, que fue director de Patrimonio de la consellería de Economía, llamó el 29 de septiembre al entonces director de los Mossos Pere Soler, en la que «claramente se observa», según la Guardia Civil, como el primero le pedía al director de los Mossos que comprobase que no estaba siendo objeto de escuchas en su despacho, en su domicilio o en su coche.
Pere Soler redirigió la conversación asegurando que ya había hablado con el jefe de los escoltas para que pusieran más interés en aquellas personas que habían «estado más expuestas», si bien Sutrías le indicó que no se refería a esto y que no podía reunirse en su despacho con nadie «por razones obvias».
El entonces director de los Mossos le contestó que lo mismo ocurría con el teléfono que en ese momento estaban utilizando, en referencia a que aquella conversación podía ser objeto de escuchas, por lo que quedaron en hablar personalmente.
En su informe, la Guardia Civil también detalla los indicios que vinculan a otras personas con los preparativos del referéndum, entre otros el empresario Oriol Soler y el exconsejero de Governación Xavier Vendrell, con antecedentes por terrorismo por pertenencia a «Terra Lliure», según precisa el instituto armado.
Otro de los investigados es el exdirector del Instituto de Estudios de Autogobierno Carles Viver Pi-Sunyer, quien en una conversación intervenida con la entonces responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat Margarita Gil resaltaba el papel clave de Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, a la hora de organizar los movimientos sociales del independentismo.
Pi-Sunyer detallaba el contenido de una conversación que había mantenido con Cuixart, en la que éste le dijo que, tras el asedio a la comitiva judicial en la consellería de Economía el 20-S, no se tenía que entrar en la «escalada de provocación» ni convocar manifestaciones y le advirtió: «eso de los Mossos puede derivar en cualquier cosa, porque Trapero había dicho que él no aceptaba».
En su informe, la Guardia Civil anuncia al juez que ya ha dado por concluida la intervención telefónica de los investigados.
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