La Guardia Civil de Tráfico vuelve a poner el foco en sus condiciones laborales. Agentes denuncian jornadas de hasta 10 y 12 horas ante la falta de efectivos, una situación que, según advierten, compromete tanto su seguridad como la de los conductores en las carreteras españolas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha dado un paso más al denunciar lo que califica como un «agravio comparativo» por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT). Mientras los agentes trabajan con medios «obsoletos y deficientes», el organismo destina recursos a otros gastos que consideran prescindibles.
Según la AUGC, la situación del material es crítica. Denuncian vehículos con años de servicio y elevados kilometrajes, airbags de moto que se activan sin motivo, motocicletas antiguas y carencias en equipamiento básico como chaquetones de invierno, botas o cascos, algunos incluso caducados. A ello se suma que la profesión sigue sin ser reconocida oficialmente como de riesgo.
El conflicto se agrava al conocerse el último gasto de la DGT. Tal y como recoge una licitación, el organismo ha destinado cerca de 45.000 euros a la compra de más de 290 sombrillas para examinadores, lo que sitúa el coste unitario en torno a 160 euros. La AUGC no cuestiona directamente esta adquisición, pero sí el contraste con la falta de recursos esenciales para los agentes de tráfico.
Además, critican que la DGT continúe destinando partidas a material promocional como gorras o camisetas mientras, aseguran, los agentes «exprime[n] su material hasta el límite de su vida útil”.
La asociación advierte de que esta situación genera un efecto directo en la propia estructura del cuerpo. La falta de medios y las duras condiciones laborales provocan un descenso en las solicitudes para incorporarse a la Agrupación de Tráfico, lo que agrava aún más la escasez de efectivos.
El trasfondo del conflicto apunta a una gestión de recursos que, según los agentes, prioriza gastos secundarios frente a las necesidades operativas. Una situación que, lejos de resolverse, amenaza con deteriorar el servicio en uno de los ámbitos más sensibles para la seguridad pública: la vigilancia en carretera.