El despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, está en el centro de una investigación por una supuesta trama de comisiones a cambio de reformas legislativas favorables a empresas privadas. La Guardia Civil ha detectado que, además de facturar ingentes sumas a firmas beneficiadas por cambios normativos, parte de los fondos podrían haber acabado en cuentas radicadas en el extranjero, dificultando la identificación de sus destinatarios finales.

Un informe de la UCO de abril de 2021, incorporado al sumario al que ha accedido El País, ya apuntaba “la posibilidad de que parte de los fondos que pasaron por Equipo Económico pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero”. Las sospechas surgieron a raíz de operaciones intracomunitarias y transferencias a sociedades en países europeos y americanos sin relación aparente con la actividad del despacho.

Las pesquisas señalan que la firma —que más tarde adoptó el nombre Global Afteli— operó con mercantiles de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Italia, Polonia y Reino Unido. También se investigan movimientos de otras sociedades vinculadas a Equipo Económico, como Limacar, que envió fondos a Italia y Luxemburgo, y Tutman Fiscalía, que transfirió cerca de 300.000 euros a Irlanda y Luxemburgo entre 2011 y 2013. En todos los casos, los agentes destacan que “se desconocen los motivos de estos tráficos de divisas”.

Otro foco de la investigación son las entradas de divisas en el propio despacho y en Anvalia 7 SL, de Javier Aguirre Nogués, exconsejero de la firma. Sólo en 2010 Equipo Económico recibió más de 400.000 euros desde Estados Unidos, y en 2011 otros 120.000 desde Reino Unido, sin justificación conocida. Por su parte, Anvalia 7 SL percibió más de tres millones de euros entre 2008 y 2016 procedentes de Colombia, Panamá y Reino Unido.

La Fiscalía Anticorrupción reclamó en octubre de 2023 al juez que autorizara con urgencia nuevas diligencias para esclarecer el destino final de los fondos internacionales. Por ahora no consta si se ha avanzado en esa línea.

Un entramado para desviar fondos y tributar menos

Los Mossos d’Esquadra, en un informe incorporado al sumario, describen un esquema destinado a desviar los “ingentes ingresos” facturados a las empresas beneficiadas por la trama, camuflando a los verdaderos perceptores y reduciendo su carga fiscal. Según los investigadores, los socios del despacho crearon sociedades pantalla que facturaban exclusivamente a Equipo Económico, canalizando así los fondos personales con menor tributación.

Siete de esas sociedades facturaron alrededor de 12 millones de euros en el periodo investigado, entre 2009 y 2015. La más activa fue Econodos SL, del imputado Ricardo Martínez Rico, socio fundador del despacho, con más de 3,5 millones facturados. Su hermano Felipe era uno de los altos cargos del Ministerio de Hacienda con Montoro al frente. Le siguen Tutman Fiscalía SL, de Manuel Vicente Tutor, con casi tres millones, y Consultoría de Diagnóstico SL, de Francisco de Asís Piedras, con 2,4 millones. Ambos habían trabajado previamente junto a Montoro en la Administración.

Otros socios destacados de la firma también aparecen vinculados a estas prácticas: Salvador Ruiz Gallud facturó más de 800.000 euros a través de Plataforma de Soluciones Jurídicas SL; Javier Aguirre Nogués, 1,4 millones con Anvalia 7 SL; Miguel Ángel Fernández Villamandos, 1,2 millones con Sociedad de Servicios y Asesoramiento SL; y Miguel Crespo Rodríguez, más de 650.000 euros con VAU Consultoría y Análisis SL.

El juez instructor sostiene que, de forma indiciaria, empresas privadas pagaron al despacho con el objetivo de que este influyera sobre el Ministerio de Hacienda y sobre legisladores para obtener leyes favorables. La causa incluye a 28 imputados por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El esquema investigado recuerda al que la Agencia Tributaria, precisamente durante la etapa de Montoro como ministro, perseguía entre actores, deportistas o periodistas que facturaban sus ingresos a través de sociedades para pagar menos impuestos. Entonces, Hacienda consideró esa práctica fraudulenta por tener como único objetivo rebajar la carga fiscal.

Hoy, las pesquisas de la Guardia Civil y los Mossos apuntan a que el despacho fundado por Montoro y sus socios habría hecho exactamente lo mismo: crear un entramado instrumental para tributar menos y opacar el destino de los fondos.

En paralelo, los investigadores tratan ahora de determinar si parte del dinero que pagaron las empresas al despacho acabó, directa o indirectamente, en manos de quienes tenían capacidad de modificar las leyes.