
La Guardia Civil advirtió al Gobierno 22 días antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo podía provocar un «efecto llamada» y aumentar las llegadas ilegales por vía marítima, según recoge El Debate.
El aviso figura en un informe elaborado por el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, fechado el pasado 8 de julio y con membrete del Ministerio del Interior.
El documento pidió además al Ejecutivo impulsar una modificación de la Ley de Extranjería para que los agentes pudieran aplicar el rechazo en frontera a cualquier intento de entrada ilegal en Ceuta y Melilla, independientemente de que se produjera saltando la valla, a nado o mediante cualquier otra vía.
La advertencia se produjo más de tres semanas antes de que la frontera ceutí quedara desbordada por una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.
El origen del informe se encuentra en la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, dictada el 29 de junio. El Alto Tribunal estableció que el régimen especial de rechazo en frontera previsto para Ceuta y Melilla sólo puede aplicarse cuando el inmigrante supera elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas.
En cambio, las personas interceptadas en el mar cuando intentan acceder a nado no pueden ser devueltas inmediatamente mediante ese mecanismo y deben someterse al procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería. La Guardia Civil advirtió entonces de que la diferencia entre ambos procedimientos tendría consecuencias operativas directas.
El informe señalaba que la nueva doctrina judicial «previsiblemente incrementará la presión migratoria» sobre Ceuta y Melilla y podía generar un «efecto llamada hacia las entradas a nado». El Instituto Armado subrayaba además que esta modalidad presenta ya «una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana».
La Guardia Civil no se limitó a identificar el riesgo. El informe incluía una batería de medidas destinadas a anticiparse a un posible aumento de las entradas.
La primera consistía en reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta mediante nuevas comisiones de servicio. También reclamaba aumentar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla para mejorar la capacidad de respuesta ante inmigrantes que intentaran entrar nadando.
Otra de las propuestas planteaba potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera para localizar con antelación los intentos de entrada, comunicar la situación a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida de las personas implicadas. Pero la petición de mayor calado era legislativa.
El Mando de Fronteras planteó al Gobierno modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería para ampliar el régimen de rechazo en frontera. La propuesta pretendía permitir su aplicación a cualquier entrada ilegal en Ceuta y Melilla producida fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia del medio utilizado: terrestre, marítimo o cualquier otro.
El propio informe especificaba que la modificación debía realizarse garantizando el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
La Guardia Civil dejó así por escrito tanto el diagnóstico como una posible solución antes de que se produjera la crisis migratoria de finales de julio.