La investigación contra el hermano de Pedro Sánchez por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias se ha ampliado para incluir a más empleados de la Diputación de Badajoz. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que registró la entidad el pasado miércoles, solicitó a la jueza acceso a los correos corporativos de nueve personas, incluyendo a tres diputados del PSOE en esa localidad extremeña.
El objetivo de la Guardia Civil es analizar estos correos específicos, ya que sospechan que estas personas estuvieron involucradas en la «creación y adjudicación de un puesto de trabajo, inicialmente, y el posterior cambio de denominación del mismo». Según el auto de la jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se autorizó esta diligencia tras la solicitud de la UCO.
Entre los correos solicitados, destacan los del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, quien también figura en la denuncia inicial de Manos Limpias; del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez; y de varios empleados de la Diputación. Estos incluyen a la directora del área de Cultura, Elisa Moriano, que propuso la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación y formó parte de la Comisión Asesora para la selección del personal candidato; el jefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija; y el jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González.
Los diputados Antonio Garrote, delegado de Recursos Humanos que firmó las bases para concursar la plaza y el contrato de alta dirección con David Sánchez; Francisco Martos, delegado del área de Cultura y Deportes que firmó el cambio de denominación de la RPT; y la entonces diputada de Cultura de Badajoz, Cristina Núñez Fernández, quien también firmó la propuesta de modificación de la RPT y propuso la contratación del hermano del presidente, son también parte de los investigados.
La UCO, que ya está analizando todas las pruebas recogidas durante el registro, solicitó acceso a los correos corporativos enviados y recibidos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. Durante este período, David Sánchez ya llevaba cinco años trabajando para la Diputación y fue entonces cuando su puesto fue renombrado y ascendido a jefe de Oficina de las Artes Escénicas, posición que ocupa actualmente. Por ello, la UCO pidió acceso a todas sus comunicaciones desde que asumió el cargo hasta la fecha actual.
La causa, que comenzó el 30 de mayo, ha evolucionado enfocándose no solo en el presunto absentismo laboral de David Sánchez, sino también en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo. La UCO sospecha que esta posición fue creada en connivencia con las personas involucradas, aunque la jueza aclara que estas aún no están formalmente investigadas.
«Es parecer de esta instrucción policial que por parte de los responsables de la Diputación provincial, habrían tenido lugar una serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones mencionadas, que no han quedado reflejados en la documentación entregada a petición del juzgado, donde existirían diferentes comunicaciones entre ellos para la consecución del fin perseguido, que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo y el cambio de denominación del mismo posteriormente».
