Dos meses después de la catástrofe que enfrentó la Comunidad Valenciana, la guerra competencial entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo regional de Carlos Mazón ha bloqueado la retirada de 120.000 vehículos siniestrados tras la riada. Los miles y miles de vehículos amontonados en multitud de campas próximas a los núcleos urbanos ya han enfrentado dos situaciones de emergencia tras producirse dos incendios en Alberic y Catarroja.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que esta situación podría llegar hasta las Fallas, es decir, el mes de marzo. En este contexto, ha argumentado que «no podemos estar sacando una media de 500 coches al día porque quedan decenas de miles de coches en las calles de nuestras ciudades», añadiendo que «no nos lo podemos permitir porque es una cuestión de emergencia».
Sin embargo, ni por parte del Gobierno central ni desde el Ejecutivo regional dan una cifra de cuántos coches pueden quedar aún por retirar. El enfrentamiento entre Sánchez y Mazón, a cuenta de la gestión de la catástrofe, gira en torno a quién debe sacar los vehículos de los solares, justificándose cada uno con distintas legislaciones y declaraciones.
Según han explicado fuentes de la Generalidad Valenciana, «si los vehículos se encuentran en los cauces, la retirada corresponde al Gobierno, mientras que si se encuentran en vías autonómicas, debe de ser la Generalidad, y los ayuntamientos en el caso de las parcelas municipales». No obstante, la Delegación del Gobierno no se remite a esta norma, sino que habla de «proceder a los depósitos habilitados a tal fin por la Consejería competente en materia de residuos»,
