El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno espera recibir a partir de septiembre varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que podrían resultar determinantes para la investigación secreta relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE. Según fuentes próximas al procedimiento citadas por El Confidencial, los investigadores prevén entregar sus conclusiones durante el otoño, cuando las pesquisas se aproximarán a su primer año bajo secreto.

Una de las principales líneas de trabajo afecta a los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024. Los agentes están examinando las cantidades abonadas durante esos años a cargos, empleados, colaboradores, simpatizantes y voluntarios en concepto de gastos justificados. El objetivo es reconstruir los movimientos de dinero y comprobar su procedencia y correspondencia con la contabilidad de la formación.

Paralelamente, la UCO analiza la documentación que Víctor de Aldama entregó voluntariamente hace unos meses en el Juzgado Central de Instrucción número 2. Entre el material figura un sobre que, según el entorno del empresario, habría recibido directamente de Delcy Rodríguez y que contendría información supuestamente relacionada con una posible caja B en Ferraz.

Dentro de ese sobre habría, presuntamente, bonos vinculados al petróleo venezolano susceptibles de ser convertidos en dinero mediante operaciones en el mercado energético. La hipótesis que se encuentra bajo investigación sostiene que los fondos obtenidos a través de esos activos podrían haber tenido como destino la financiación del PSOE. Corresponde ahora a los investigadores determinar la autenticidad de la documentación y comprobar si existen elementos que respalden esa versión.

Una tercera vertiente procede de las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y de su chófer, Álvaro Gallego. Ambos han asegurado ante la Justicia que Pano llevó dinero en metálico hasta la sede socialista de la calle Ferraz. En concreto, hablan de 90.000 euros repartidos en dos entregas de 45.000. La Guardia Civil está verificando estos testimonios y tiene previsto plasmar el resultado de sus comprobaciones en otro informe.

Las distintas pesquisas han terminado confluyendo en una pieza separada que permanece bajo secreto. Los agentes afrontan ahora la tarea de cruzar documentación, testimonios, movimientos económicos y elementos procedentes de procedimientos que se encuentran repartidos entre diferentes órganos judiciales. «Hay que ir juntando y casando», explican fuentes conocedoras de unas diligencias que cumplirán un año el próximo diciembre.

La investigación sobre la financiación del PSOE ha permanecido durante meses en un segundo plano frente a otros procedimientos que afectan a antiguos responsables socialistas, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán. Sin embargo, la llegada de los informes pendientes de la UCO puede otorgar un nuevo impulso a la causa a partir del comienzo del próximo curso político.

A ello se añaden otras investigaciones que afectan al entorno socialista y cuyos hallazgos podrían terminar conectándose con esta causa. Entre ellas se encuentran las diligencias relacionadas con Leire Díez, además del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Guardia Civil trabaja con información procedente de varias pesquisas para tratar de determinar si existen conexiones relevantes entre ellas.

La posibilidad de que aparezcan indicios sólidos de financiación irregular constituye uno de los escenarios políticamente más delicados para el PSOE. El Gobierno y la dirección socialista han rechazado reiteradamente la existencia de una caja B y niegan que el partido haya utilizado mecanismos de financiación opaca.

La cuestión también puede tener consecuencias para la estabilidad parlamentaria. Algunos de los partidos que sostienen al Ejecutivo han situado la financiación ilegal entre sus líneas rojas y han advertido de que reconsiderarían su respaldo al Gobierno si las investigaciones acreditaran irregularidades de esta naturaleza.

El PSOE ha combinado estas negativas con críticas cada vez más contundentes contra determinadas actuaciones judiciales y con denuncias sobre una supuesta ofensiva contra el Ejecutivo desde algunos sectores de la judicatura. El avance de las investigaciones durante los próximos meses se producirá, además, con el horizonte de las elecciones previstas para 2027, lo que incrementa la trascendencia política de cualquier novedad.

Septiembre marcará así el comienzo de una nueva fase. Después de un curso protagonizado por procedimientos judiciales que han afectado a distintos dirigentes y personas próximas al Gobierno, la atención se desplazará hacia los informes que prepara la UCO. Su contenido determinará en buena medida hacia dónde avanza una investigación que, hasta ahora, se ha desarrollado lejos del foco público por encontrarse bajo secreto.