España dispone de reservas de uranio, siendo la más importante la localizada en Retortillo, en la provincia de Salamanca, donde se estiman más de 25.000 toneladas del mineral. Este yacimiento fue el centro de un proyecto promovido por la empresa australiana Berkeley, que planeaba su explotación a través de una mina a cielo abierto. Sin embargo, en 2021 el Gobierno decidió frenar la iniciativa, presionado por grupos ecologistas y por sus socios políticos.
La paralización definitiva del proyecto se sustentó en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que prohíbe la investigación y explotación de minerales radiactivos cuando su extracción responde a sus propiedades nucleares. Asimismo, la ley ordenó archivar cualquier procedimiento relacionado con instalaciones vinculadas al ciclo del combustible nuclear.
En este contexto, pese a contar con todos los permisos necesarios y estar a la espera únicamente de la autorización final, Berkeley optó por llevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La compañía ha reclamado una indemnización de 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros), alegando que la decisión del Ejecutivo español vulnera varios artículos del Tratado sobre la Carta de la Energía, suscrito por la UE en 1998 y del que España se ha desvinculado recientemente.
Mientras tanto, España sigue importando uranio, incluso de origen ruso, que llega al país a través de intermediarios como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Todo ello, a pesar de que el yacimiento salmantino puede suministrar uranio a bajo coste.
