El sistema penitenciario catalán vive una situación límite marcada por la inmigración masiva. Según el informe conjunto CSIF Presons, más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros, un porcentaje que duplica la media española y que está tensionando hasta el colapso las cárceles de la comunidad.
Los datos son claros: los internos extranjeros representan el 52,7% del total de la población penitenciaria catalana, frente al 28% registrado en el conjunto de España. Dentro de este grupo, la población magrebí constituye el colectivo más sobrerrepresentado, con un 25% del total de presos, lo que significa que uno de cada cuatro reclusos en Cataluña procede del Magreb.
Pero la cifra más alarmante, según señalan los sindicatos, es la relativa a los jóvenes: el 74,4% de los presos de entre 18 y 25 años es inmigrante. Una realidad que revela, en palabras del documento, el fracaso de las políticas de integración y la creciente implicación de la inmigración en fenómenos delictivos y violentos.
El informe también señala que Barcelona concentra más de 2.700 presos extranjeros, de los cuales 1.600 son de origen magrebí, mientras que los delitos más frecuentes cometidos por esta población penitenciaria son los robos con violencia e intimidación, seguidos de los robos con fuerza en domicilios y establecimientos.
Los sindicatos firmantes denuncian que esta situación se traduce en mayor conflictividad, agresiones a funcionarios y falta de medios humanos y materiales. «El sistema está desbordado. El peso de la inmigración en las prisiones catalanas es el principal factor de colapso», advierten, que reclaman medidas urgentes para frenar una tendencia que, aseguran, amenaza con convertirse en una «tormenta perfecta» para la inseguridad penitenciaria.
