La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid (FeSMC) de UGT se enfrenta a una sanción millonaria tras constatar la Inspección de Trabajo la existencia de una «cesión ilegal» de trabajadores en su servicio jurídico. La multa podría alcanzar cerca de un millón de euros, con sanciones de hasta 60.000 euros por cada uno de los 16 empleados afectados.
La investigación, que incluyó la declaración de cerca de una treintena de personas, concluye que esta práctica no fue puntual, sino estructural y mantenida en el tiempo. Según la Inspección, los trabajadores figuraban formalmente vinculados a empresas externas, pero en la práctica operaban integrados en la estructura del propio sindicato.
Este modelo vulnera el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe la cesión ilegal de empleados, y está tipificado como infracción «muy grave» en la legislación laboral. El organismo inspector subraya además que las empresas intermediarias no asumían ni la organización ni el riesgo de la actividad, lo que refuerza la consideración de fraude laboral.
El caso se originó tras varias denuncias que alertaban de irregularidades en el funcionamiento del servicio jurídico de la federación. Los denunciantes sostienen que, pese a la apariencia de externalización, todos los abogados trabajaban bajo las mismas condiciones que el personal interno, utilizando medios del sindicato y bajo una gestión centralizada.
La Inspección también ha detectado que, en determinados casos, los pagos por servicios jurídicos se realizaban directamente al sindicato, sin que la supuesta empresa externa percibiera cantidad alguna. Este elemento refuerza la tesis de que la actividad económica real estaba controlada por UGT.
El origen de esta situación se remonta a 2018, tras la fusión de federaciones que dio lugar a la actual FeSMC. Según los testimonios recabados, algunos abogados fueron despedidos o forzados a constituir sociedades para seguir prestando servicios en condiciones similares, en un intento de esquivar problemas con falsos autónomos.
Además de la cesión ilegal, las denuncias apuntan a otras posibles irregularidades, como el cobro de dietas presuntamente indebidas por parte de liberados sindicales o diferencias salariales que habrían perjudicado a los trabajadores afectados, que no percibían las condiciones correspondientes a la entidad para la que realmente trabajaban.
Los denunciantes también aseguran haber sufrido represalias tras poner los hechos en conocimiento de las autoridades, incluyendo despidos y limitaciones en la carga de trabajo.
Aunque la resolución no es firme y puede ser recurrida, el caso añade presión sobre una de las principales organizaciones sindicales en un contexto político marcado por la cercanía entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la dirección del sindicato.
No es la primera vez que esta federación se sitúa en el foco. En el último año, otra actuación de la Inspección ya había detectado incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, además de denuncias por despidos improcedentes y presuntas represalias internas.
En paralelo, algunos afectados estudian ampliar las acciones legales por posible administración desleal, al considerar que la gestión del servicio jurídico podría haber causado perjuicios tanto a los trabajadores como a la propia organización.
