La inspectora de Policía que ha denunciado al director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, por una presunta agresión sexual ya había vivido años antes un episodio judicial marcado por el escándalo, las sospechas y un procedimiento que terminó en archivo provisional. Según publica El Mundo, en 2017, cuando aún era oficial, denunció a su expareja, Víctor Manuel Duque León, entonces secretario general del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), por un presunto caso de acoso tras aparecer su número privado en páginas de contactos sexuales.

Según la denuncia, la agente comenzó a recibir llamadas y mensajes de hombres desconocidos que aseguraban haber encontrado su teléfono en chats y webs de citas, donde alguien se hacía pasar por ella bajo distintos alias. «He estado hablando contigo por el chat», le dijo uno de ellos el 30 de junio de 2017. Días después, otro varón insistía en que había mantenido conversaciones íntimas con ella a través de otra plataforma.

La inspectora de Policía formalizó la denuncia el 15 de septiembre de 2017 ante la Dirección General de la Policía. Dos meses después, Duque fue detenido por un presunto delito de acoso cibernético vinculado, según los investigadores.

El procedimiento recayó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey, que asumió la instrucción. La Brigada Central de Investigación Tecnológica rastreó el origen de las publicaciones y detectó que la dirección IP desde la que se difundieron los datos correspondía a la sede de la UFP en la plaza de Carabanchel, en Madrid, donde trabajaban tanto la denunciante como el dirigente sindical.

Durante el registro del despacho de Duque, los agentes hallaron un ordenador portátil cuyo historial de navegación había sido borrado el 16 de octubre de 2017, fecha que la denunciante ya había señalado en su declaración. También constataron una conexión desde un iPhone al portal Chatpolis el 4 de julio y localizaron en una cuenta de Dropbox un archivo comprimido con el nombre «wasap Chat… Valladolid». Cuando se le requirió que facilitara las credenciales de acceso, el sindicalista se negó.

Pese a estos elementos, el juez concluyó en marzo de 2019 que la investigación, definida en el auto como «completa y compleja», no había logrado determinar con certeza qué dispositivo concreto realizó la conexión ni quién lo manejaba en ese momento. El magistrado subrayó que varias personas tenían acceso al despacho y a las contraseñas: la secretaria, el informático e incluso la propia denunciante.

El auto acordó el archivo provisional al considerar que, aunque podían existir indicios, no eran suficientes para sostener una acusación penal sólida. También descartó delitos de amenazas, coacciones y acoso laboral vinculados a la relación sentimental previa por «falta de hechos concretos y testimonios que los respalden». El archivo provisional sigue vigente y el caso nunca fue reabierto.

El procedimiento por la difusión de sus datos en webs de prostitución permanece archivado.