Desde que la Audiencia Nacional investiga a la plataforma separatista Tsunami Democràtic por posibles delitos de terrorismo, la investigación ha ido destapando novedades del procés, que afectan a diversos políticos catalanes. No sólo los jóvenes investigados por terrorismo están en el punto de mira del tribunal, que ha descubierto nuevos lazos ilegales del separatismo.
En particular, la Audiencia Nacional ha destapado lazos de Tsunami con el expresidente Puigdemont, que datan de 2017. Según ha podido acreditar la investigación, el prófugo de la justicia mantuvo desde los primeros años del procés contacto con la plataforma que promovió movilizaciones radicales y boicots como los cortes de la carretera AP-7 o el aeropuerto de El Prat. Hace unos días trascendía la noticia de que el juez también ha imputado a Puigdemont por terrorismo.
Los vínculos entre los radicales separatistas no sólo quedaron dentro de España. Según el caso Voloh, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, existió también una relación estrecha entre sectores independentistas y redes de espionaje rusas. Los cabecillas del caso Voloh, por su parte, mantuvieron vínculos con Puigdemont.
Así lo demuestra uno de los informes elaborados por la Guardia Civil, que ahora se ha sumado a la investigación de la Audiencia Nacional. Según las primeras indagaciones, tras la llegada de Puigdemont a Waterloo se creó un entramado de financiación irregular para sostener al prófugo de la justicia. Gran parte de la información ha sido extraída del material incautado a Josep Campmajó, empresario amigo de Puigdemont.
Según el mismo informe que ahora está bajo sumario, el empresario Jaume Cabaní creó la sociedad Catalitza Ou en Estonia. A Cabaní precisamente se le atribuyen cuentas en Suiza para financiar Tsunami Democràtic. En este sentido, el juzgado señala que un banquero suizo hizo aportaciones a Tsunami a través de una cuenta bancaria que controlaba Cabaní en Suiza.
