Sólo unos meses después de afirmar que la amnistía a los líderes separatistas catalanes era inaceptable, Pedro Sánchez considera que es una medida necesaria «por el bien de España». La toma, eso sí, en contra de la opinión de la mayoría de españoles, en contra también de buena parte de los votantes socialistas, en contra incluso de buena parte de sus cargos políticos autonómicos. La toma «por la paz social» en Cataluña y el resto de España, cuando en Cataluña el secesionismo estaba de capa caída en sus exigencias (y esta medida lo revitaliza), mientras que en Madrid la propuesta no ha hecho más que destruir la «paz social».
Evidentemente, esta amnistía no es más que un movimiento de última hora para que Pedro Sánchez pueda obtener de los grupos separatistas el apoyo necesario para revalidar su gobierno. No es la amnistía en sí lo que indigna a la gente, sino la desfachatez de presentarla como un meditado y esporádico cambio de opinión, en desinteresado provecho del bien común. A nadie le gusta que le tomen por imbécil. Quizás la medida ni siquiera hubiese sido tan polémica si se hubiese llevado a cabo en mitad de una legislatura, como gesto de buena voluntad tras una renuncia del separatismo a la «vía unilateral». Al fin y al cabo, sus líderes están en prisión por culpa del propio bipartidismo PSOE-PP, que en todo momento les permitió concurrir a las elecciones con la promesa de un referéndum ilegal y posteriormente llevarlo a cabo.
Pero es la situación actual, en plena negociación de investidura, lo que enturbia cualquier concesión. Especialmente porque no se trata de encarcelados por pensar diferente o manifestarse pacíficamente, sino por delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, acceso a los datos privados de ciudadanos y una voluntad manifiesta de romper lo que es de todos: el país, la justicia, la sanidad, la educación, la fiscalidad común. ¿Qué ha sido de la indignación entre las filas progresistas por la «amnistía fiscal» que hace unos años planteaba el PP? Al final uno y otro caso se tratan de lo mismo: gente que ha querido llevarse su trozo de «hacienda propia». Al menos los ricachones que protegía al PP no enmascaraban sus tejemanejes en nombre de la autodeterminación, la cultura popular, la defensa de su lengua o el derecho a decidir.
La traición de aquella izquierda tan preocupada por la «secesión de los ricos» es superlativa. Y concierne especialmente al PSOE, porque las fuerzas a su izquierda (antes Podemos, ahora Sumar) siempre han tenido en su ideario la cuestión de la «autodeterminación plurinacional». Es decir, siempre han partido del error básico de identificar la diversidad cultural con el derecho a quebrar las instituciones políticas de todos. Llevaban en su ADN por un lado al principio nacionalista que inspiró a los fascismos («todo pueblo y nación ha de corresponderse con un Estado») y por otro lado al principio liberal («cualquiera puede decidir lo que es la realidad, según sus sentimientos»): si existe o no España, si es niño o niña o niñe, si se considera «clase media» o «alta», etc. Pero el PSOE rechazaba los presupuestos auto-deterministas y, al menos en tiempos de campaña electoral, hacía gala de la unidad nacional.
Ahora parece que le sobra el apoyo de sus propios ciudadanos y sus propios votantes. Les basta el voto de unos pocos sediciosos. Y, lo que es seguramente peor, les basta con el aplauso de los panfletos del capitalismo transnacional. Por ejemplo, el apoyo a la amnistía que ha mostrado un boletín de las oligarquías estadounidenses, el «Financial Times». Nuestra izquierda ya no es una influenciada por la opinión de las casas del pueblo, las asambleas territoriales o sectoriales o los actores sociales y sindicales. Nuestra izquierda es ahora una «Izquierda Financial Times». La opinión demoscópica de los españoles le interesa a efectos de cocinar el CIS, pero a quien realmente escuchan es a las élites de la liberal-progresía en las capitales del «Occidente civilizado», recibiendo instrucciones desde fundaciones mundialistas como la Open Society o foros globalistas como el de Davos.
Si estos mandamases dicen que la amnistía a los delincuentes es una buena opción (porque los mandamases quieren una España débil y con la investidura del candidato más lacayo al que mangonear), los cabecillas de esta izquierda se enorgullecen de que las luminarias de Washington y Bruselas, gentes de intelecto superior, han aprobado su última ocurrencia. Así, al final todo queda entre bandidos: los delincuentes políticos de Cataluña son premiados por los delincuentes morales del gobierno con el aplauso de los delincuentes intelectuales de Washington y Bruselas. Y el delincuente será usted, por quejarse.
