La investigación judicial sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, sigue avanzando con nuevas diligencias que refuerzan la tesis de una contratación diseñada a medida. La magistrada Beatriz Biedma, a cargo del caso en el Juzgado de Instrucción número 3, considera que su puesto en la Diputación de Badajoz no sólo fue adaptado a sus preferencias profesionales, sino que también le permitió evitar la asistencia diaria al despacho.
Según la jueza, hay indicios suficientes para concluir que el procedimiento administrativo se manipuló con el fin de dar una apariencia de legalidad al nombramiento de David Sánchez como personal de Alta Dirección. Esta maniobra, señala el informe judicial, habría contado con la participación activa de la Diputación pacense, que estructuró su contratación bajo un esquema que le facilitaba centrarse en su proyecto operístico sin necesidad de acudir presencialmente a su puesto de trabajo.
El origen del caso se remonta a 2017, cuando David Sánchez fue contratado como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz. Sin embargo, en 2022, su cargo fue modificado y pasó a convertirse en director de la Oficina de Artes Escénicas. La jueza subraya que este cambio no fue meramente nominal, sino que en realidad se creó un nuevo puesto sin seguir los procedimientos legales establecidos.
El informe detalla que esta reestructuración no se trató en la mesa de negociación colectiva ni en la Comisión Técnica de octubre de 2022. A pesar de ello, ese mismo mes, altos cargos de la Diputación promovieron modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo y emitieron un informe de legalidad que eliminaba la incompatibilidad del cargo, un detalle que la jueza califica de «llamativo».
Para la magistrada, el delito de prevaricación queda reflejado en la falta de necesidad del puesto creado para Sánchez, algo que ha sido respaldado por declaraciones de directores de conservatorios y un informe del director del área de Cultura, Manuel Candalija.
Otro de los puntos clave de la investigación es la rapidez con la que se gestionó la provisión del puesto. Correos electrónicos analizados evidencian que la designación se llevó a cabo con carácter urgente y sin excluir a candidatos que no cumplían los requisitos iniciales. Además, la oferta de empleo coincidió con el momento en el que David Sánchez se encontraba buscando trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que el procedimiento se diseñó con un beneficiario predefinido.
El informe judicial destaca que la Diputación intentó revestir de legalidad este proceso mediante trámites formales que, en realidad, ocultaban una finalidad distinta: satisfacer intereses particulares en lugar del bienestar general, principio fundamental que debe guiar cualquier actuación de la Administración Pública.
Ante estos hallazgos, la jueza Beatriz Biedma ha rechazado los intentos de la defensa para archivar el caso. Entre los afectados por esta decisión se encuentran altos funcionarios y dirigentes de la Diputación, como Juan Cinta, Elisa Moriano, Francisco Martos, Manuel Candalija, Emilia Pareja y Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la institución. En su informe, la magistrada recuerda que la intervención de Gallardo en la contratación de Sánchez podría constituir prevaricación si se confirman los elementos objetivos y subjetivos del delito.
En paralelo, la jueza ha aceptado la declaración de varios testigos clave en la investigación. Entre ellos, Nersés Avakimyan Gasparov, profesor de violín y aspirante al cargo de coordinador de conservatorios; así como Javier González Pereira, Ángel Seco y Luis María Carrero, este último asesor de Pedro Sánchez en Moncloa y vinculado a la gestión operística de su hermano antes de ser contratado por la Diputación de Badajoz.
Asimismo, el Juzgado ha solicitado al Teatro Real información detallada sobre los cargos que David Sánchez ha desempeñado allí, incluyendo posibles remuneraciones o acuerdos institucionales. También ha requerido a La Moncloa datos sobre la trayectoria laboral de Luis María Carrero, con fechas exactas de sus funciones y contratos.
Pese al avance de la investigación, no todas las peticiones de la acusación popular han sido aceptadas. La magistrada ha desestimado la solicitud de rastreo del teléfono móvil de David Sánchez para verificar si realmente reside en Portugal. Tampoco ha considerado relevante la declaración de Fátima del Pozo y Álvaro Pujol, argumentando que la residencia fiscal del hermano del presidente sólo sería pertinente en caso de investigarse un delito contra la Hacienda Pública.
