La Audiencia Nacional rastrea la financiación, las alertas previas y la actuación de las autoridades
Inmigrantes ilegales en Ceuta.
Por LGI
20 de septiembre de 2026
La investigación judicial sobre la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio adquiere una dimensión inédita. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha movilizado a 31 organismos y unidades de seguridad, inteligencia y Defensa para esclarecer cómo se organizó y financió la movilización desde Marruecos y qué información tenían las autoridades españolas antes de que decenas de miles de personas alcanzaran la ciudad.
La magistrada abrió las diligencias el 31 de julio, asumió la competencia de la Audiencia Nacional el 7 de septiembre y ha desplegado ahora una batería de actuaciones que alcanza a la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército y Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La investigación también llega a grandes plataformas tecnológicas y abre una vía específica para seguir el dinero utilizado en la movilización.
El procedimiento adquiere además un evidente alcance político por la investigación de las alertas recibidas antes del 30 de julio y la respuesta de las autoridades españolas. Tardón ha citado como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, que dimitió después de asegurar que había trasladado a su superior la información recibida del CNI.
Vivas deberá comparecer el próximo 30 de septiembre. El presidente ceutí ha asegurado que intentó contactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tres días antes de la invasión. Según su relato, desde Presidencia minimizaron el riesgo: «No es para tanto […] No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema».
Sanz declarará el 1 de octubre, la misma jornada en la que está citado el jefe de la Policía Local de Ceuta. El antiguo responsable de Gabinete dejó por escrito al dimitir que el aviso que recibió la víspera de los hechos había llegado al delegado del Gobierno. «Fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día», afirmó.
La declaración de ambos resulta especialmente relevante porque Tardón ha situado entre sus prioridades averiguar qué información llegó a las autoridades españolas, cuándo llegó, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron después.
En su auto del 7 de septiembre, la magistrada ya advertía de que debían investigarse las actuaciones realizadas en España relacionadas con la llegada masiva, incluida la disposición de «adecuados medios de respuesta» ante la información y las alertas disponibles y la posible incidencia de esas decisiones en las consecuencias posteriores.
UDEF y UCO siguen el dinero
Otra de las grandes líneas abiertas por la Audiencia Nacional busca determinar quién pudo financiar la movilización. Tardón ha encargado investigaciones paralelas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ambas deberán elaborar un «informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada». La orden judicial incluye el análisis de movimientos económicos relevantes en la zona, sistemas informales de transferencia de fondos, redes hawala, contratación de transportes colectivos y cualquier gasto relacionado con la logística necesaria para desplazar a semejante número de personas.
La magistrada prevé incorporar posteriormente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía.
La investigación económica abre así una cuestión central para reconstruir lo ocurrido: determinar si detrás de la concentración y desplazamiento de decenas de miles de personas existió una estructura organizada con recursos económicos y capacidad logística.
La investigación alcanza al Ejército
Tardón también ha reclamado al Estado Mayor de la Defensa todas las imágenes de satélite disponibles de la zona durante las fechas investigadas. La petición alcanza al Mando de Operaciones (MOPS), al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) y a cualquier otro organismo militar que pudiera disponer de material.
La orden también afecta a HI Iberia, empresa privada colaboradora habitual de Defensa, a la que reclama imágenes satelitales.
Dentro de la Policía Nacional, la juez solicita información a más de una decena de unidades. Entre ellas figura el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), responsable de uno de los primeros informes incorporados a la causa sobre la actuación observada en territorio marroquí.
La magistrada quiere profundizar precisamente en la identificación de los uniformados marroquíes presentes en Fnideq y Castillejos y determinar su actuación durante las horas previas y durante la movilización. Para ello se han ordenado análisis biométricos y de reconocimiento facial. Informaciones conocidas esta semana señalan que el informe del CENIF describía comportamientos «pasivos» y de «guiado» de algunos efectivos marroquíes observados en las imágenes, extremo que forma parte de las cuestiones que deberá esclarecer la investigación.
Todas las alertas previas
La Audiencia Nacional ha reclamado asimismo las alertas emitidas antes de la invasión a los distintos organismos que pudieron disponer de información. Tardón quiere conocer el contenido de cada aviso, sus destinatarios, el medio utilizado para transmitirlo y la fecha y hora de la comunicación.
Entre los organismos requeridos aparecen el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT), la Unidad Central de Fronteras, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y diferentes órganos de la Guardia Civil y Defensa.
La decisión amplía el examen sobre la actuación del Ejecutivo. La cuestión ya no queda limitada a determinar si existieron avisos, sino que la investigación pretende reconstruir qué recorrido tuvieron dentro de la Administración y qué respuesta provocaron.
Las tecnológicas deberán conservar los datos
Otra pieza fundamental conduce a las redes sociales utilizadas para extender las convocatorias. La juez se ha dirigido a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple, además de cualquier otra plataforma que pueda aparecer durante las pesquisas.
Tardón reclama la «conservación inmediata» de registros que permitan identificar a quienes difundieron y coordinaron las convocatorias: dispositivos utilizados, teléfonos asociados, correos electrónicos, conexiones, canales y perfiles.
La magistrada ha abierto además una pieza separada secreta de investigación tecnológica. El objetivo es identificar a los promotores, dinamizadores y coordinadores y reconstruir cómo una convocatoria difundida fundamentalmente a través de internet terminó desembocando en la movilización registrada en la frontera.
La causa analiza cuatro grandes categorías delictivas, entre ellas posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros vinculados con homicidios imprudentes y organización criminal.
La investigación abarca, según recoge la resolución, la actividad en redes sociales, los posibles organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, los responsables de la planificación y dirección estratégica, los fallecimientos y las actuaciones realizadas «antes, durante y después» de la entrada.
La ofensiva judicial abre así dos frentes especialmente delicados. Uno mira hacia Marruecos, para esclarecer el papel de sus agentes y la organización y financiación de la movilización. El otro examina dentro de España los avisos que llegaron antes del 30 de julio y las decisiones adoptadas por quienes tenían la responsabilidad de preparar la respuesta del Estado.