La Audiencia Nacional ha requerido al Ministerio de Transportes toda la documentación administrativa relacionada con el campamento habilitado en el puerto de Ceuta, después de admitir a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación por los riesgos de seguridad que denuncia la organización policial.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo concede al departamento que dirige Óscar Puente un plazo improrrogable de veinte días para remitir el expediente. La orden alcanza también a la documentación que eventualmente haya sido declarada confidencial: deberá permanecer depositada en la Administración, pero «a plena disposición del tribunal».
El procedimiento mantiene así abierta la batalla judicial sobre la decisión del Gobierno de instalar el dispositivo de acogida dentro de una infraestructura estratégica de Ceuta. La admisión a trámite no supone que la Audiencia Nacional haya asumido los argumentos del SUP ni anticipa el resultado del procedimiento, pero permitirá al tribunal examinar el expediente sobre el que Transportes sustentó su decisión.
El nuevo paso judicial llega después de que la Audiencia Nacional rechazara el jueves la medida cautelarísima con la que el sindicato pretendía paralizar la instalación del campamento mientras se resolvía el litigio. Aquella resolución permitió al Ejecutivo seguir adelante con sus planes, pero no resolvió el fondo del recurso.
El Gobierno aprovechó el levantamiento de ese obstáculo judicial para acelerar el traslado. Este viernes fueron llevados 1.700 inmigrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el dispositivo temporal del puerto, que ya se encuentra operativo.
El punto central del recurso es la seguridad de los agentes y de una infraestructura especialmente sensible. El SUP recuerda que la propia Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó inicialmente esta ubicación al considerarla incompatible con el funcionamiento ordinario del puerto.
Posteriormente, Puertos del Estado emitió un informe favorable por razones de interés general, aunque, según la información difundida por el sindicato, reconoció que la instalación podía incrementar determinados riesgos para la infraestructura portuaria, las instalaciones críticas y sensibles y la propia operativa. La resolución de Transportes contempla además la posibilidad de solicitar al Ministerio del Interior medios adicionales para reforzar la seguridad.
El SUP considera que estos antecedentes justifican mantener bajo fiscalización la actuación del Ejecutivo. Con las instalaciones ya ocupadas, el sindicato ha anunciado que exigirá conocer las evaluaciones de riesgos, los protocolos de actuación, el número de efectivos y los medios destinados a proteger a los policías que prestan servicio en el recinto.
«Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros», ha señalado la organización policial.
El litigio añade así un nuevo frente a la gestión gubernamental de las consecuencias de la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio. La instalación del campamento en el Muelle de Poniente salió adelante pese al rechazo inicial de la Autoridad Portuaria y ahora será la Audiencia Nacional la que examine la documentación administrativa y los argumentos sobre seguridad que sustentaron una decisión que el Ejecutivo ya ha ejecutado.
