La Junta de Andalucía despedirá «uno a uno» a todos los enchufados del PSOE en el Servicio Andaluz de Empleo a exigencia de VOX. Así figura en el punto 31 del acuerdo alcanzado entre el Gobierno andaluz del PP y la formación de Santiago Abascal, que prevé revisar la situación jurídica y organizativa del personal procedente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) y de otros colectivos incorporados al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desde 2011.

El documento establece que la Junta impulsará un análisis jurídico-funcional y organizativo de estos trabajadores con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Además, contempla la ejecución de la resolución judicial firme sobre el proceso de estabilización actualmente impugnado y, si fuera necesario, la revisión o repetición del proceso selectivo para corregir las irregularidades detectadas.

El acuerdo también recoge que la Administración autonómica estudiará de forma individualizada la situación de cada empleado. Esa revisión abarcará el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder al empleo público, las titulaciones necesarias para desempeñar el puesto, las condiciones de acceso y la adecuación de la figura del personal indefinido no fijo, así como las consecuencias derivadas de la jurisprudencia nacional y europea.

La finalidad de este proceso, según el texto suscrito por ambas formaciones, es garantizar la seguridad jurídica, eliminar cualquier efecto disuasorio para futuros aspirantes y asegurar que el acceso a la función pública se ajuste estrictamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El documento subraya que todas las actuaciones contarán con respaldo técnico y jurídico y se desarrollarán con la máxima transparencia.

La medida responde a una de las principales exigencias de VOX durante la negociación del acuerdo con el Ejecutivo de Juanma Moreno. La formación de Santiago Abascal ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de revisar la situación de los trabajadores incorporados al SAE procedentes de la FAFFE, al considerar que muchos de esos puestos fueron utilizados por los anteriores gobiernos socialistas como una red de colocación de afines.

El acuerdo fija, además, que los trabajos comenzarán de forma inmediata tras la firma de la resolución judicial correspondiente y deberán completarse a lo largo de la legislatura, abriendo la puerta a la salida de aquellos empleados cuya incorporación no supere el examen jurídico e individualizado previsto por la Junta de Andalucía.