La falta de respuesta política del PSOE ante el caso de Leire Díez sigue generando interrogantes mientras la investigación judicial continúa avanzando y estrecha el cerco sobre dirigentes y personas próximas a la dirección socialista. En Ferraz no sólo continúa sin presentarse una querella contra la exmilitante, sino que también persisten los intentos de restar credibilidad a su papel, una estrategia que contrasta con los nuevos datos incorporados a la causa.
Durante las primeras fases del escándalo, la dirección del partido llegó a definir a Díez como una persona «resentida», «farsante» y «oportunista», además de sostener que utilizaba el nombre del PSOE de forma indebida. Sin embargo, las pesquisas han ido revelando una intensa actividad de la conocida como ‘fontanera’ en ámbitos vinculados al poder. Entre los elementos que han salido a la luz figuran sus 22 reuniones en la sede de Ferraz con Santos Cerdán, varios encuentros en la Fiscalía General del Estado con colaboradores del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
El último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe como «inquietantes» diversos indicios relacionados con la presunta trama y considera que la investigación sigue ampliándose hacia el entorno de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dentro del PSOE, distintas fuentes reconocen que cada nueva resolución judicial incrementa la preocupación por el posible alcance del procedimiento.
Uno de los aspectos que mayor inquietud genera es el papel atribuido a la actual gerente del partido, Ana Fuentes. Según los investigadores, habría firmado dos notas de encargo profesional con carácter meramente instrumental para aparentar una relación laboral con los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. La finalidad, siempre según el informe policial, habría sido facilitar pagos vinculados presuntamente a la organización investigada mediante documentación que no respondería a una prestación real de servicios.
Las mismas fuentes consultadas consideran que este escenario acerca la posibilidad de que el PSOE pueda llegar a ser investigado como persona jurídica. La Fiscalía Anticorrupción deberá decidir en los próximos días si solicita al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que dé ese paso. Los investigadores intentan determinar si la dirección del partido conocía las actuaciones de Leire Díez, si recibía información sobre sus gestiones y si existió algún tipo de financiación directa o indirecta de su actividad.
El instructor ya aprecia indicios que apuntan a una posible implicación de Ana Fuentes, a la que sitúa, al menos de forma indiciaria, como cómplice de algunos de los delitos atribuidos a Leire Díez, Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Asimismo, investiga su presunta participación en un posible delito de falsedad documental por la emisión de facturas que, según la investigación, habrían servido para justificar pagos relacionados con la exmilitante socialista.
Otro de los nombres que aparece con relevancia en las diligencias es el de Juanma Serrano, antiguo jefe de Gabinete del PSOE y expresidente de Correos. La UCO sostiene que desempeñó un papel relevante en las dos ramas de la supuesta organización y apunta a que su posición al frente de la empresa pública habría sido utilizada para favorecer adjudicaciones irregulares. Además, los investigadores sostienen que Leire Díez le hizo llegar audios del excomisario José Manuel Villarejo con el objetivo de contrarrestar la investigación sobre Begoña Gómez.
