La Junta de Andalucía destina 30 millones de euros para cubrir los gastos de atención a 559 menores extranjeros no acompañados (menas) que, según el Gobierno andaluz, fueron enviados desde Canarias bajo la presunción de ser adultos. Así lo explicó Carolina España, consejera de Economía y Hacienda, detallando que cada menor cuesta a las arcas autonómicas 150 euros al día, lo que equivale a 54.000 euros al año por persona.
Según la Junta de Andalucía, estos menas llegan desde Canarias tras ser identificados inicialmente como mayores de edad. Sin embargo, tras las pruebas necesarias y la validación de la Fiscalía, se determina que son menores, lo que obliga a la comunidad a asumir su tutela. «No sabemos si en Canarias no realizan bien las pruebas o simplemente no las hacen, pero la cifra no deja de aumentar», señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
La consejera de Inclusión Social y Juventud, Loles López, denunció en septiembre que el Gobierno central no aporta recursos para esta atención, mientras envía a los menores «por la puerta de atrás, como si fueran paquetes de Amazon». López enfatizó la necesidad de financiación para cubrir gastos básicos como alimentación, educación, vestimenta, atención médica y psicológica, esenciales para estos menores. Por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin reconocer el supuesto envío irregular de estos 559 menores.
Además, el sistema de acogida de menores en Andalucía ya está al borde del colapso debido a la presión migratoria en sus costas. Este año, según cifras oficiales, han llegado más de 5.300 inmigrantes irregulares, mientras que desde 2019 la cifra supera los 60.000, según ACNUR. Las plazas destinadas a menores no acompañados, que ascienden a 645, están sobresaturadas desde hace un año, y solo en el último mes se han registrado 122 nuevas llegadas, ya sea en pateras, como polizones en camiones y barcos, o por vías desconocidas.
La Junta también reprochó al Gobierno central su incumplimiento en la financiación prometida para menores trasladados desde Ceuta. Carolina España recordó que los 1,6 millones comprometidos para atender a 30 menores llegados desde la ciudad autónoma aún no han sido entregados, pese a que los menores ya se encuentran en Andalucía. «Estamos trabajando sin información, sin coordinación y sin financiación», criticó, reclamando al Ejecutivo central una «política migratoria coherente» que garantice los recursos necesarios.
En la próxima Conferencia de Presidentes, la Junta exigirá una solución urgente para aliviar la carga económica de la comunidad en esta materia. «Esta situación no puede recaer únicamente sobre Andalucía. El Gobierno de España debe asumir su responsabilidad y financiar los costes que genera», concluyó España.
