El Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno (PP), ha concedido un total de 1.889.980,52 euros en subvenciones públicas a la ONG Cruz Roja para la acogida de inmigrantes ilegales llegados a las costas andaluzas y, en menor medida, trasladados desde Canarias. Según la información a la que ha tenido acceso LA GACETA, estas partidas, que han ido en aumento, reflejan una política de gestión migratoria que genera serias dudas sobre su eficacia y transparencia, especialmente en un contexto de presión migratoria sostenida y de creciente preocupación ciudadana por los efectos de la inmigración ilegal.
Los datos son significativos: en 2022, la Junta destinó 643.162,61 euros a Cruz Roja para programas relacionados con la acogida de inmigrantes ilegales. En 2023, la cuantía fue de 591.540,21 euros, y en 2024 alcanzó su máximo con 655.277,70 euros, la cifra más alta del trienio. Estas subvenciones, justificadas bajo el paraguas de la «atención humanitaria» y la «integración social», se enmarcan en la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025, un plan que, lejos de frenar la inmigración ilegal, parece consolidar un modelo de gestión que prioriza la acogida frente a la contención de los flujos migratorios.
En paralelo, desde 2022 Andalucía ha recibido a más de 22.000 inmigrantes ilegales principalmente a través de rutas desde el norte de Marruecos y Argelia. Aunque en lo que va de 2025 se registra un descenso, con cerca de 1.500 llegadas, la diversificación de las nacionalidades —con presencia de sirios, bangladesíes y somalíes— añade complejidad al problema. Estas cifras, sumadas a la opacidad sobre los traslados de inmigrantes desde Canarias, donde Cruz Roja también participa con fondos no detallados, refuerzan una política migratoria poco transparente.
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de información sobre los inmigrantes ilegales derivados a Andalucía desde Canarias. Ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni la Junta de Andalucía han proporcionado datos claros sobre el número de personas trasladadas en vuelos gestionados con la colaboración de Cruz Roja, ni sobre los fondos adicionales que esta ONG ha recibido para dicha tarea. Esta opacidad contrasta con el discurso oficial de «solidaridad» y «gestión responsable» que defiende el Gobierno andaluz, mientras partidos como VOX exigen mayor control y claridad sobre el destino de los recursos públicos.
La llegada de inmigrantes ilegales, tanto adultos como menores extranjeros no acompañados (menas), plantea desafíos significativos para Andalucía. La región, ya saturada en algunos puntos por la presión migratoria, se enfrenta a un escenario donde la diversificación de nacionalidades y la presencia de perfiles potencialmente conflictivos —como los procedentes de zonas de alta radicalización islamista— incrementan los riesgos para la seguridad. La política de acogida, respaldada por el Gobierno de Juanma Moreno, no parece acompañada de medidas contundentes para disuadir la inmigración ilegal ni para garantizar la integración efectiva de quienes llegan.
La asignación de casi dos millones de euros a Cruz Roja en tres años pone en cuestión las prioridades del Gobierno andaluz. Mientras se destinan cuantiosos recursos a la acogida, las políticas de control fronterizo y repatriación permanecen en un segundo plano. Por tanto, la Estrategia Andaluza para la Inmigración parece alinearse más con los postulados del Pacto de Marrakech que con las demandas de una sociedad que reclama soluciones firmes frente a la inmigración ilegal.
