La investigación sobre el denominado caso Plus Ultra, que sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una presunta estructura bajo investigación judicial, quedó sometida a un protocolo excepcional de secreto y control interno debido al riesgo de interferencias externas y a la sensibilidad política del procedimiento. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama impuso a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un régimen reforzado de reserva y comunicación exclusiva con el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión quedó reflejada en un auto del pasado 12 de marzo, en el que el magistrado encargó a la Brigada Central de Capitales y Anticorrupción continuar con las pesquisas relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. En la resolución, Calama justificó la medida por la especial sensibilidad del caso y por la necesidad de evitar cualquier alteración del desarrollo de la investigación.

El juez sostuvo que las diligencias practicadas apuntaban a «la posible implicación de personas que han ejercido altas responsabilidades en instituciones públicas», así como a relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, circunstancias que —según expuso— incrementaban el riesgo de presiones o interferencias externas. Además, señalaba la posible actuación coordinada de una organización con capacidad operativa relevante.

La investigación también analiza posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción y blanqueo de capitales, junto al uso de estructuras societarias opacas y sistemas de comunicación sofisticados. Sobre esa base, el magistrado ordenó a los agentes que no informasen «a sus mandos orgánicos sobre el contenido, evolución o resultados de las diligencias» y que mantuvieran un canal de comunicación limitado únicamente al órgano judicial y al Ministerio Fiscal.

La causa se inició a partir de diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción y quedó bajo la dirección de la fiscal Elena Lorente, conocida por haber llevado asuntos como el caso Rato. La investigación siguió adelante después de que inicialmente la Audiencia Nacional rechazara investigar una línea relacionada con un presunto blanqueo derivado del rescate de la aerolínea.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en el desarrollo del procedimiento es que la investigación no recayó en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habitual en causas de especial sensibilidad política, sino en la UDEF. Según fuentes citadas en la información original, la unidad policial ya conocía parte del entorno empresarial vinculado a empresarios venezolanos investigados en el procedimiento.