La Audiencia Nacional ha respaldado públicamente la labor de su juez Carmen Lamela y además la ha declarado competente para investigar a los Jordis por sedición.
Las tertulias televisivas y las redes sociales se han llenado de críticas a la juez Carmen Lamela durante los últimos días. Su decisión de enviar a prisión a los exconsejeros de la Generalitat, investigados por delitos de rebelión y sedición, ha sido interpretada por el progresismo como un ataque a la democracia y como pretexto para atacar la independencia judicial.
Tertulianos de izquierdas se han llenado la boca con comentarios sobre la incompetencia de la juez para instruir las causas que implican sedición. Pero la sección segunda de lo Penal de la AN se las ha terminado por cerrar. El tribunal ha avalado la competencia de Lamela para investigar por un delito de sedición el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en un registro en la Consejeria de Economía, hechos por los que están en prisión preventiva los líderes separatistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Solo José Ricardo de Prada, uno de los cinco magistrados que han resuelto los recursos de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural contra la competencia de la Audiencia Nacional, ha presentado un voto discrepante con la mayoría, al considerar que la decisión de Lamela de declararse competente responde a una «interpretación sumamente forzada y extensiva de la norma jurídica».
El auto de la mayoría destaca, por el contrario, que la competencia corresponde a Lamela, «no porque los delitos de sedición con carácter general sean competencia de la Audiencia Nacional, sino porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma de gobierno«, delitos para los que es competente este tribunal según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Según recuerdan los magistrados, no es la primera vez que la Audiencia Nacional abre una causa por delitos de rebelión o sedición, ya que a finales de 2015 hubo varias denuncias de la Fiscalía contra ayuntamientos catalanes o concejales en relación con el proceso secesionista «aceptando sin objeción alguna, tanto la competencia del Juzgado para el conocimiento de los hechos, como la de la Sala», que ya avaló en su día la competencia de este tribunal en este tipo de delitos.
Se esfuma así el mantra de quienes apelaban a la incompetencia de la juez para investigar este asunto. Bueno, a no ser que ahora también los cuatro magistrados que han rechazado el recurso de los Jordis sean enemigos de la democracia y acólitos del poder Ejecutivo que, no está de más recordarlo, no querían la prisión para los ocho exconsejeros imputados.
Estas son algunas de las críticas recibidas de la izquierda mediática:
Lamela no es en realidad competente. Lo q han hecho no es rebelión y había otras medidas menos gravosas posibles.Una pasada q pasa por legal
— Elisa Beni (@elisabeni) 2 de noviembre de 2017
Ohhh! Pues Lamela también hace una “trampucia” al redactar la OEDE ♀️♀️♀️
— Elisa Beni (@elisabeni) 4 de noviembre de 2017
Nueva CAGADA de Lamela. https://t.co/S2uifichcv
— Max Pradera (@maxpradera) 7 de noviembre de 2017
Incluso alguno sectores de la izquierda han estado recogiendo firmas para que sea inhabilitada…
166.000 personas hemos firmado ya pidiendo la inhabilitación de la jueza Lamela. https://t.co/4DmlsbioLJ
— Ramón Cotarelo (@ramoncotarelo) 5 de noviembre de 2017
Apoyo del tribunal a su juez
Pero el respaldo no le ha llegado únicamente en forma de resolución. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha dado un paso al frente y ha pedido respeto por la labor de Lamela y, en general, por la «independencia judicial».
«Quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho», advierte en su acuerdo de este martes la Sala de Gobierno, compuesta por siete magistrados de distintas jurisdicciones de la Audiencia Nacional.
La Sala de Gobierno suscribe de este modo la declaración institucional que realizó el pasado 19 de octubre la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las críticas que recibió Lamela cuando envió a prisión a los Jordis.
Cuando Lamela mandó a la cárcel a Sánchez y Cuixart, desde sectores separatistas fundamentalmente se les calificó de «presos políticos», críticas que aumentaron cuando el pasado 2 de noviembre acordó el ingreso en prisión incondicional de Junqueras y otros siete exconsejeros.
Al día siguiente de dictar esta resolución, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JdP) cuestionaba la interpretación «extensiva» del derecho penal de la juez Lamela.
«La prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción», expuso la asociación.
Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra línea editorial, a contracorriente de la ideología dominante y desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la unidad de España y la identidad de Europa. No es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de nuestro proyecto, que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de varias maneras, infórmate aquí.
La AN avala su competencia para investigar a los Jordis por sedición
Carmen Lamela: La juez rigurosa, discreta y alérgica a los focos
