Los jueces han determinado que el propietario o el inquilino de un inmueble que ha sido ocupado puede cortar y dejar de pagar los suministros de la vivienda, como el agua, la luz o el gas, sin que ello constituya un delito. Esta resolución supone un respaldo legal para quienes se enfrentan a la ocupación, ya que hasta ahora existían dudas sobre si esta acción podía considerarse coacción o represalia ilícita.
El acuerdo ha sido alcanzado por los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se reunieron el pasado 7 de marzo con el objetivo de fijar un criterio unificado en casos de ocupación no autorizada. En concreto, la decisión distingue entre dos figuras jurídicas: la usurpación —cuando se irrumpe en una vivienda deshabitada— y el allanamiento de morada —cuando se accede a una residencia en la que vive alguien—.
En el documento consensuado, los jueces concluyen que «la negativa del titular del inmueble a mantener activos o a abonar los servicios básicos no constituye un acto delictivo de coacciones», siempre que la vivienda haya sido ocupada ilegalmente. Este principio se aplica tanto a propietarios como a arrendatarios u otros titulares legítimos del uso del inmueble.
La resolución no es exclusiva de Barcelona. Unos meses antes, en noviembre de 2023, los magistrados de la Audiencia Provincial de Gerona habían adoptado una postura similar. Con estos precedentes, los órganos judiciales catalanes han sentado una línea interpretativa que podría influir en decisiones similares en otras regiones del país.
Desde el punto de vista práctico, esta doctrina podría acelerar los procesos de recuperación de inmuebles, ya que privar de suministros esenciales a los ocupantes podría forzar su marcha voluntaria. Actualmente, y según datos de la empresa Alquiler Seguro, el tiempo medio que tarda un propietario en recuperar una vivienda ocupada se sitúa en torno a los ocho meses y medio.
El ritmo de desalojo varía según la comunidad autónoma. Castilla y León y Murcia encabezan la lista de territorios donde más se prolonga este proceso, con un promedio de 12 meses. En el extremo opuesto están Aragón y Navarra, donde los desalojos tienden a resolverse en unos cuatro meses.
