El PSOE vuelve a situarse en el foco por un nuevo caso de presunto acoso laboral y sexual, esta vez en el Ayuntamiento de Tui (Pontevedra), tras la denuncia de una funcionaria que describe un clima de «hostigamiento, aislamiento y acoso psicológico» dentro del consistorio. El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha apreciado indicios de un posible delito de acoso sexual, lo que ha motivado la apertura de una línea de investigación diferenciada.
La denunciante vincula parte de estas conductas al alcalde socialista, Enrique Cabaleiro González, a quien atribuye comentarios como «vaya escote» o «siendo tan guapa qué haces aquí», que enmarca dentro de una «sexualización brutal«. En paralelo, la investigación por acoso laboral se centra en el concejal de Urbanismo, Miguel Méndez Moreira, que ya figura como investigado y está citado a declarar el próximo 5 de mayo junto a varios testigos.
El relato sitúa el origen de los hechos en la llegada del actual equipo de gobierno en 2023. Desde entonces, la funcionaria asegura haber sufrido un aislamiento progresivo dentro de su departamento. Según su testimonio, el concejal evitaba dirigirse a ella directamente y canalizaba cualquier instrucción a través de terceros, hasta el punto de que, durante dos años, la comunicación se redujo a providencias formales, un mecanismo que, según denuncia, no se aplicaba al resto de trabajadores.
A esta situación se sumó una sobrecarga de tareas que, afirma, no correspondían a su puesto, como la revisión de informes de otros técnicos o la tramitación de expedientes ajenos a su ámbito. La denunciante sostiene que este trato diferenciado se agravaba por ser «la única mujer» del equipo, lo que, a su juicio, explica también la exigencia desigual frente a otros compañeros.
Pese a la falta de trato directo, describe un control constante de su actividad diaria. «El concejal me persigue; vigila con quién tomo café o si estoy en mi puesto», asegura, al tiempo que denuncia llamadas reiteradas a su teléfono personal con un tono que califica de intimidatorio. Según su relato, la situación llegó a tal punto que optó por bloquear el número tras episodios de gritos y presión continuada.
El episodio que precipitó la denuncia fue una reunión que la funcionaria define como una «encerrona». En ella participaron el alcalde, el concejal y varios técnicos municipales durante cerca de dos horas. Aunque el encuentro debía abordar cuestiones organizativas, terminó centrado en reproches hacia ella por irregularidades en expedientes que, según defiende, correspondían a otros empleados. «La actitud del alcalde fue de ir en manada, todos a por mí«, afirma.
Durante ese encuentro, asegura haber percibido «miradas intimidatorias y libidinosas» y un clima de presión coordinada. Insiste en que tanto el alcalde como el concejal actuaron como instigadores de una dinámica de acoso sostenida en el tiempo.
Tras estos hechos, acudió a un médico por el impacto psicológico de la situación, quien, según relata, le recomendó iniciar acciones legales. La denunciante asegura que no se siente capaz de regresar a su puesto de trabajo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tui ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto y ha apelado al respeto al procedimiento judicial y a la presunción de inocencia. En un comunicado, la institución defiende que dispone de mecanismos internos para abordar conflictos laborales y subraya su compromiso con la protección del personal.
Sin embargo, el caso se produce en un contexto en el que el protocolo específico contra el acoso laboral y sexual aún no estaba aprobado en el momento de los hechos, pese a encontrarse en fase final de tramitación. Este vacío refuerza el foco sobre la gestión interna del consistorio y la respuesta institucional ante denuncias de esta naturaleza.
La decisión judicial de abrir una investigación específica por acoso sexual eleva el alcance del caso y sitúa de nuevo al PSOE ante un frente sensible, con implicaciones políticas y judiciales aún por determinar.
