La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha rechazado el recurso presentado por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con el que intentaba frenar su procesamiento judicial por supuestos delitos relacionados con la corrupción. De este modo, la magistrada ratifica su decisión anterior y mantiene abiertas las diligencias contra Sánchez por presunta prevaricación y tráfico de influencias.
El procedimiento judicial gira en torno a su contratación y promoción profesional dentro de la Diputación de Badajoz. Las acusaciones populares denuncian que habría empleado su posición familiar para lograr ventajas laborales, incluyendo un nombramiento como coordinador de los conservatorios provinciales, y posteriormente la adaptación del puesto a medida, presuntamente sin cumplir los procedimientos legales exigidos.
Las organizaciones que ejercen como acusación popular han reclamado una condena de tres años de prisión para Sánchez por los delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación y nombramiento ilegal. Solicitan la misma pena para Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, por su supuesta implicación en la trama.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado a la Audiencia Provincial de Badajoz el archivo del caso, argumentando que no existen indicios racionales de criminalidad suficientes para continuar el procedimiento. Esta petición todavía está pendiente de resolución por parte del tribunal provincial.
Según la Fiscalía, la investigación no ha aportado pruebas sólidas que justifiquen la apertura de un juicio oral ni contra David Sánchez ni contra los demás investigados. No obstante, la jueza instructora ha optado por continuar adelante con el procesamiento, tras escuchar nuevamente las declaraciones de todos los implicados.
El caso ha adquirido una fuerte dimensión política por el parentesco del imputado con el presidente del Ejecutivo y por las acusaciones de trato de favor en el ámbito institucional. Las partes denunciantes consideran que lo ocurrido va más allá de una simple irregularidad administrativa y supone un uso indebido del poder público para beneficio personal.
