El futuro político de José Luis Ábalos, exministro y ex número tres del PSOE, parece complicarse tras las investigaciones abiertas por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha iniciado una causa en su contra relacionada con los ingresos que habría recibido su supuesta amante, Jésica Rodríguez, de las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Este caso se suma al proceso al que ya se enfrenta en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que eleve el expediente al Tribunal Supremo para imputarlo por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del conocido «caso Koldo».
El origen de la investigación sobre la contratación de Rodríguez se remonta a una denuncia interpuesta por Luis María Pardo, presidente del partido Iustitia Europa, quien se basó en una información adelantada por el diario The Objective. Según esta información, Jésica Rodríguez habría comenzado a percibir un salario público tras iniciar una relación sentimental con Ábalos, en aquel entonces una figura clave dentro del gobierno de Pedro Sánchez. La mujer fue contratada como auxiliar administrativa en la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, pese a estar cursando estudios de Odontología, sin ninguna relación directa con el sector de infraestructuras y transportes en el que opera la empresa. Entre 2019 y 2021, Rodríguez habría cobrado un salario mensual de 1.635 euros, según confirmó el Portal de Transparencia.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de la investigación, han revelado detalles sobre los contratos de Rodríguez. Tras finalizar su contrato en Ineco en marzo de 2021, la joven fue contratada por Tragsatec, otra empresa pública bajo el paraguas de la SEPI y, por tanto, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un periodo de seis meses. Las pruebas obtenidas incluyen una conversación entre Rodríguez y Ábalos en la que esta le informaba del fin de su contrato, lo que derivó en gestiones por parte del ministro para asegurarle un nuevo puesto. En una conversación posterior, Koldo, un cercano colaborador de Ábalos, sugiere reubicarla en otro empleo.
El entramado que vincula a Rodríguez y Ábalos no se limita a su relación laboral. Según informes de la UCO, Rodríguez también se benefició de un apartamento en el centro de Madrid, cuyo alquiler habría sido financiado por la trama de Koldo García. Se estima que el arrendamiento del piso, ubicado en la Plaza de España, alcanzó un total de 88.000 euros durante los 32 meses que duró el alquiler, con un coste mensual de 2.700 euros. La renta habría sido cubierta por Víctor de Aldama, un empresario relacionado con comisiones por la adjudicación de contratos de mascarillas, a través de testaferros como su socio Luis Alberto Escolano y Joseba García, hermano de Koldo.
Además de los beneficios salariales y de vivienda, se ha documentado que Rodríguez exigía importantes sumas de dinero a Ábalos por acompañarlo en sus viajes oficiales y actos del partido. Los correos electrónicos revelados por The Objective señalan que, durante siete meses, la joven habría solicitado un total de 39.300 euros a cambio de acompañarlo en 33 desplazamientos, tanto nacionales como internacionales. Esta relación duró aproximadamente dos años, durante los cuales Jésica percibió entre 6.000 y 12.000 euros mensuales. A pesar de que la relación personal terminó, Rodríguez continuó recibiendo pagos mensuales de 4.000 euros hasta septiembre de 2021, cubriendo su alquiler y su salario en las empresas públicas.
Las múltiples causas judiciales a los que se enfrenta Ábalos representan un grave desafío a su carrera política, especialmente en relación con su papel en el caso Koldo y las contrataciones vinculadas a su relación con Rodríguez.
