El Gobierno planea reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para trasladar la dirección de las investigaciones penales desde los jueces de instrucción a los fiscales, una transformación de gran calado que modificaría de raíz el actual sistema procesal penal en España. La medida, anunciada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está prevista para ser aprobada durante el verano, según avanzó en su última comparecencia ante la comisión parlamentaria correspondiente.
La propuesta implica que el Ministerio Fiscal asuma el mando directo de la instrucción de los procedimientos penales, relegando a un segundo plano a los jueces que hasta ahora se han encargado de esa fase procesal. Este cambio no solo afecta a la estructura interna del proceso judicial, sino también a los cuerpos policiales que colaboran en estas investigaciones, como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Con la nueva ley, popularmente apodada ya como “ley Bolaños”, la Policía Judicial pasaría a estar bajo la supervisión funcional de los fiscales, quienes asumirían el liderazgo en las pesquisas. Este cambio implicaría, en la práctica, que las investigaciones estén dirigidas por profesionales que dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado.
Actualmente, esa figura es Álvaro García Ortiz, designado por el Ejecutivo, y bajo su autoridad se articula toda la cadena de mando del Ministerio Público: desde los fiscales de sala del Tribunal Supremo hasta los provinciales y delegados de área. Esta estructura piramidal obliga a todos los fiscales a obedecer las instrucciones que emanan de sus superiores jerárquicos, en última instancia del fiscal general.
El nuevo modelo generaría, por tanto, una situación inédita: los cuerpos policiales encargados de investigar delitos estarían subordinados a fiscales que, a su vez, responden al fiscal general nombrado por el Gobierno. Un cambio que ya ha levantado inquietudes entre sectores de la judicatura y las fuerzas de seguridad, preocupados por la posible politización del proceso penal.