
La denominada «ley de nietos» está provocando una expansión sin precedentes del censo electoral exterior. El número de españoles residentes fuera del país con derecho a voto crece actualmente a un ritmo de alrededor de 16.000 personas al mes y podría incorporar hasta 600.000 nuevos electores desde las últimas elecciones generales hasta el próximo gran ciclo electoral, según reporta El Español.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística —INE—, el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes —CERA— alcanzó el pasado 1 de mayo los 2.708.083 inscritos.
Entre marzo y abril se sumaron 17.425 nuevos electores, mientras que entre abril y mayo fueron incorporados otros 16.168. Se trata del mayor ritmo de crecimiento registrado durante los últimos años. La principal causa de este incremento es la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que permite acceder a la nacionalidad española a determinados hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero.
La norma beneficia a los descendientes de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación sexual e identidad. Una vez obtenida la nacionalidad, los nuevos ciudadanos pueden incorporarse al censo exterior y votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas sin necesidad de haber residido nunca en España.
Desde las elecciones generales de julio de 2023, el CERA ha pasado de 2.333.056 a 2.708.083 personas. Esto supone la incorporación de 375.027 electores en menos de tres años, un crecimiento del 16,1%.
Antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la evolución del censo exterior era considerablemente más lenta. Entre 2017 y 2021, el número de inscritos aumentó aproximadamente un 10% durante todo el periodo. De mantenerse el ritmo actual, el censo podría crecer entre un 24% y un 25% respecto a las últimas generales y superar los 2,9 millones de votantes en mayo de 2027.
La proyección supondría añadir aproximadamente 600.000 electores en apenas una legislatura. El cálculo no incluye, además, el posible efecto de las medidas impulsadas por el Gobierno para acelerar los expedientes todavía pendientes.
Más de 2,4 millones de personas han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española a través de esta ley, según los datos comunicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El aluvión de solicitudes ha colapsado buena parte de la red consular. La situación más extrema se encuentra en Buenos Aires, donde, según los cálculos del propio cónsul general, José María Ridao, sería necesario más de un siglo para resolver todos los expedientes al ritmo actual.
Argentina concentra ya 505.168 electores inscritos en el CERA, equivalentes al 18,8% de todos los españoles residentes en el extranjero con derecho a voto.
El Gobierno pretende reducir el atasco mediante apoyo externo. El responsable del PSOE Exterior, César Mogo, anunció en mayo que el Ejecutivo preparaba un acuerdo con la empresa pública Ineco para «acelerar» la gestión y agilizar las inscripciones de nacionalidad derivadas de la ley.
Aunque ese refuerzo todavía no se ha materializado en el Boletín Oficial del Estado, la externalización de algunos trabajos ya está en marcha.
El Ministerio de Justicia adjudicó en abril un contrato de 1,7 millones de euros a Neoris España para reforzar los sistemas informáticos utilizados en la tramitación de expedientes de nacionalidad.
Exteriores también suscribió un contrato por más de 1,13 millones de euros con el Grupo Empresarial Palco, una empresa perteneciente al régimen cubano, para proporcionar personal al Consulado de España en La Habana.
La participación electoral de los españoles residentes en el extranjero continúa siendo reducida y se sitúa alrededor del 10%, muy por debajo del 60% o 70% habitual dentro del territorio nacional.
Sin embargo, el número de votos emitidos desde el exterior ha aumentado desde que el Gobierno de Pedro Sánchez eliminó el denominado voto rogado, que obligaba a los electores a solicitar previamente la documentación electoral.
La participación pasó del 6,85% en las generales de 2019 a alrededor del 10% en 2023, lo que supone un incremento próximo al 47%.
La mayoría de estos potenciales votantes reside en Argentina, Francia, Estados Unidos, México, Cuba, Alemania y Reino Unido. Estos siete países concentran aproximadamente 1,6 millones de inscritos, el 60,7% del censo exterior.
Galicia es la comunidad autónoma con un mayor número de electores residentes en el extranjero, con 510.055 inscritos. Le siguen Madrid, con 486.223; Cataluña, con 334.993; y Andalucía, con 305.303. Sin embargo, para la elección del Congreso de los Diputados lo determinante no es la comunidad autónoma, sino la provincia a la que queda adscrito cada elector.
Madrid encabeza ese registro y es también la circunscripción que más crece. Desde julio de 2023, su censo exterior ha pasado de 379.961 a 486.223 personas.
En menos de tres años, Madrid ha incorporado más de 106.000 nuevos votantes residentes en el extranjero, un crecimiento cercano al 28%, casi el doble del registrado por el conjunto del CERA. El dato resulta especialmente relevante al tratarse de la provincia que reparte el mayor número de escaños en el Congreso.
Fuentes diplomáticas señalan que los nuevos ciudadanos que no pueden demostrar una provincia concreta de procedencia pueden terminar adscritos por defecto a Madrid.
Una vez obtenido el pasaporte español, el nuevo ciudadano debe rellenar un formulario de Exteriores para seleccionar el municipio al que quedará adscrito electoralmente. El documento permite justificar la elección mediante la última residencia en España, el arraigo personal o el arraigo de los ascendientes. Sin embargo, también incluye una categoría abierta denominada «otros motivos».
Esta opción permite asignar al nuevo elector a una circunscripción determinada alegando razones difíciles de comprobar administrativamente.
Así, una persona nacida y residente toda su vida en el extranjero puede llegar a votar en Madrid, Lugo, Jaén o cualquier otra provincia sin haber vivido nunca en ella, siempre que justifique formalmente su elección.
La flexibilidad del sistema genera dudas sobre la integridad de la adscripción territorial, especialmente porque en España el reparto de escaños depende de cada provincia y un reducido número de votos puede resultar decisivo en las circunscripciones menos pobladas.
No existen encuestas concluyentes sobre la orientación ideológica de los nuevos nacionalizados. Históricamente, el voto exterior ha tendido a reproducir, con diferencias, el comportamiento electoral del interior.
No obstante, en las últimas elecciones autonómicas se registraron resultados distintos en varias regiones. Mientras el Partido Popular venció en el voto interior de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, el PSOE se impuso entre los electores residentes en el extranjero.
El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de intentar «alterar el censo electoral para las elecciones de 2027 promoviendo un proceso de nacionalizaciones masivas».