«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Sólo el consulado de Buenos Aires ha recibido unas 650.000 solicitudes

El PSOE presume de que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto «que el 95% de ciudades españolas» con la Ley de Nietos

César Mogo. Redes sociales

El senador socialista César Mogo, responsable del PSOE en el Exterior, ha desvelado que el Ejecutivo aspira a ampliar de forma significativa el número de ciudadanos españoles residentes fuera del país gracias a los procesos de nacionalización impulsados en los últimos años. Durante una visita a Argentina, el dirigente destacó el impacto demográfico que tendrá esta política y aseguró que, una vez concluyan los trámites en marcha, la comunidad española asentada en ese país alcanzará unas dimensiones comparables a las de las mayores ciudades de España.

Las declaraciones fueron realizadas en Buenos Aires a finales de 2025, donde Mogo defendió los resultados obtenidos por la conocida popularmente como Ley de Nietos. Según explicó y ha avanzado OkDiario, el volumen de nuevos españoles en Argentina será tan elevado que situará al país iberoamericano por encima de la inmensa mayoría de los municipios españoles en número de ciudadanos con nacionalidad española.

El fenómeno tiene una magnitud considerable. De acuerdo con las cifras más recientes, alrededor de 2,4 millones de personas han iniciado solicitudes para acceder a la nacionalidad española. Actualmente se encuentran en tramitación unos 1,2 millones de expedientes y más de medio millón ya han recibido una resolución favorable.

Argentina concentra una parte muy importante de este proceso. Las oficinas consulares españolas repartidas por el país encabezan el número de peticiones registradas en todo el mundo. Sólo el consulado de Buenos Aires ha recibido aproximadamente 650.000 solicitudes, mientras que la oficina de Córdoba acumula otras 125.000. Diversas estimaciones apuntan a que el total podría acercarse al millón de expedientes.

En la actualidad, Argentina ya alberga la mayor comunidad de españoles en el extranjero, con más de 540.000 ciudadanos registrados. Francia ocupa la segunda posición y Estados Unidos la tercera. Sin embargo, el número podría multiplicarse en los próximos años gracias a los nuevos procesos de nacionalización y a los mecanismos contemplados tanto en la legislación vigente como en otras vías previstas por el ordenamiento jurídico español.

Las palabras de Mogo reflejan una visión más amplia del proyecto. El senador defendió que el objetivo es reforzar los vínculos históricos y culturales entre España y los países iberoamericanos, favoreciendo una comunidad cada vez más numerosa de ciudadanos con nacionalidad española repartidos por todo el continente.

La expansión del censo exterior tiene además una importante dimensión política. El incremento de ciudadanos con derecho a voto fuera de España ha generado debate sobre su posible influencia en futuros procesos electorales. En varias elecciones autonómicas celebradas en los últimos años, el Partido Socialista obtuvo la victoria entre los residentes en el extranjero, pese a que el resultado global de los comicios favoreció a la derecha. Esta circunstancia ha llevado a algunos analistas a señalar que el sufragio exterior puede resultar decisivo en aquellas provincias donde unos pocos cientos de votos determinan la asignación del último escaño.

Paralelamente, la Administración ha puesto en marcha medidas destinadas a agilizar los trámites. Entre ellas figura la simplificación de procedimientos burocráticos y la implantación de sistemas que permitan registrar a los nuevos nacionales en los consulados de forma prácticamente simultánea a la concesión de la ciudadanía. Con ello, los beneficiarios adquieren también con mayor rapidez los derechos asociados a su nueva condición, incluido el ejercicio del voto.

Asimismo, se han habilitado fórmulas específicas para facilitar el acceso a la nacionalidad a los descendientes directos de quienes han obtenido recientemente la ciudadanía española a través de los procedimientos extraordinarios vinculados a la normativa de memoria democrática.

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