La controversia sobre la Ley de Amnistía, presente en la discusión pública durante los últimos ocho meses, llega ahora el Tribunal Supremo, que previsiblemente deberá interpretarla esta semana. Independientemente de la decisión de los magistrados, el Congreso no podrá modificar la norma en base a esta decisión judicial. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, junto con el tribunal del proceso separatista y el instructor Pablo Llarena, están trabajando en borradores que decidirán si la malversación es aplicable en este caso y si se pueden levantar las medidas cautelares impuestas a Carles Puigdemont desde 2017.
Las discusiones jurídicas sobre el alcance del perdón continúan, dejando atrás el debate sobre la inconstitucionalidad, que solo resurgirá cuando el PP y las comunidades autónomas planteen la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Todas las leyes tienen presunción de legalidad hasta que este órgano determine lo contrario. Ahora, los encargados de la Justicia se centran en el alcance de la norma según el apartado de «exclusiones».
La interpretación de «enriquecimiento» en el delito de malversación, que vertebra muchas de las condenas de los líderes del 1-O, es crucial y podría poner en riesgo la Ley de Amnistía. La cúpula de la Fiscalía se dividió recientemente, destacando que Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, considera que la desviación de dinero público no es amnistiable.
Fuentes jurídicas indican que el Tribunal Supremo centra el debate en este punto, y Manuel Marchena busca un alto consenso para que la decisión refleje la opinión de todos los penalistas involucrados. Al igual que con los fiscales del proceso separatista —Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza—, el tribunal que juzgó el referéndum del 1 de octubre siempre ha mantenido una postura unánime y las fuentes consultadas no desean que esta vez sea diferente.
La decisión del Supremo podría tardar unos días más, posiblemente hacia el final de la semana, con el objetivo de alcanzar el mayor entendimiento posible entre los magistrados progresistas y conservadores.
Si el Tribunal Supremo considera que «enriquecimiento patrimonial» significa apropiarse literalmente del dinero público, la amnistía abarcaría a todos los políticos secesionistas. Los fugados —Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Luis Puig— y los condenados con sentencia firme —Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— serían perdonados, sus delitos se borrarían y podrían regresar a España sin temor a ser arrestados.
Esta es la postura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha ordenado a sus subordinados presentar escritos en los diferentes procedimientos para solicitar el perdón y el archivo de los casos, incluida la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic, que el alto tribunal resolverá en unos días.
Por otro lado, si la Sala de lo Penal interpreta el «enriquecimiento patrimonial» (malversación) de manera más amplia, la amnistía estaría en riesgo. La jurisprudencia del Supremo ha tendido a interpretar el enriquecimiento no solo como engordar la cuenta bancaria, sino también como utilizar dinero público para fines no previstos por la ley que beneficien personalmente al responsable de la desviación de fondos.
