La memoria anual de la Fiscalía General del Estado ha desvelado que el 49,42% de los menas sometidos en 2024 a pruebas médicas para verificar su edad resultaron ser adultos y no menores, como inicialmente afirmaban. En total, se practicaron 7.562 diligencias de determinación, 140 más que en 2023, y aunque la mitad de los casos confirmaron la minoría de edad o dejaron abierta esa posibilidad, 2.457 personas fueron identificadas como mayores y 1.280 expedientes quedaron sin resultado por abandono de los centros antes de poder llevarse a cabo la prueba.
El informe, adelantado por The Objective, refleja un crecimiento sostenido en la llegada de menores extranjeros no acompañados. En 2022 fueron detectados 2.375 por vía marítima, en 2023 la cifra se duplicó hasta 4.865, y en 2024 se alcanzaron los 5.922, de los que 5.291 eran varones. La llegada de niñas también se disparó, al pasar de 238 a 631 en solo un año. Paralelamente, las entradas a Ceuta y Melilla sumaron 2.915 menores, la mayoría en la ciudad ceutí.
El registro oficial a 31 de diciembre de 2024 contabilizaba 16.041 menores bajo tutela o acogimiento de los servicios autonómicos, lo que supone un aumento de más de 3.000 respecto al año anterior. De ellos, 13.438 eran chicos y 2.603 chicas. En cuanto al origen, Marruecos concentró la cifra más alta (4.393), seguido de Senegal (2.379), Mali (1.794), Ucrania (1.688), Gambia (1.471) y Argelia (1.449). A pesar de la magnitud del fenómeno, únicamente se han tramitado ocho repatriaciones en todo el año, correspondientes a menores de Colombia, Rumanía y Francia.
El coste económico también aparece detallado: mantener a cada menor tutelado cuesta, de media, 4.400 euros al mes, lo que eleva el gasto anual a casi 847 millones. En algunas comunidades autónomas, sin embargo, la cifra es mucho mayor: en Madrid hay centros con tarifas de hasta 5.762 euros mensuales por plaza, mientras que en Andalucía existen instalaciones que superan los 9.800.
La procedencia de los recién llegados explica parte de la presión sobre los sistemas de acogida. En Baleares, por ejemplo, los menores de Argelia han pasado de 180 en 2023 a 368 en 2024, lo que ha duplicado la carga en los centros insulares. Según la fiscal delegada, la apertura de nuevas instalaciones ha sido continua, aunque insuficiente para cubrir la demanda. Canarias, por su parte, tramitó miles de expedientes de determinación de edad: sólo en Tenerife se incoaron 1.420 procedimientos, de los que 504 correspondieron a adultos y 438 a menores; en Las Palmas se abrieron 790 casos, con 152 adultos confirmados y 386 menores.
El documento de la Fiscalía cuestiona de lleno el discurso oficial que describe a todos los recién llegados como «niños que huyen de conflictos». Los datos muestran que casi nueve de cada diez son varones y que solo un pequeño grupo procede de un país en guerra —los ucranianos—, mientras que la mayoría llegan desde Marruecos, Mali, Argelia o Senegal.
En definitiva, la Fiscalía constata un doble problema: por un lado, la saturación de los sistemas autonómicos de acogida ante un flujo creciente de menores; por otro, el desajuste entre la narrativa gubernamental y la realidad estadística, que revela que una parte sustancial de quienes entran como supuestos menores no lo son.
