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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La ministra Batet votó a favor del derecho a decidir en el Congreso

La encargada de Administraciones Territoriales siempre ha mostrado su connivencia con el nacionalismo.


La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tomó posesión de su cargo con la promesa de que uno de sus objetivos será «recuperar la palabra» con todas las comunidades, especialmente con Cataluña, y «escuchar, dialogar y consensuar» para potenciar la convivencia.
La ministra utilizó las palabras ya empleadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para destacar que su trabajo se guiará por el diálogo porque «la recuperación de la palabra, con Cataluña especialmente, pero con todas la comunidades, es imprescindible».
Para Batet la política territorial es «hablar de personas, de respeto y de convivencia» y, por eso, consideró que una de las mayores responsabilidades de los poderes públicos es «garantizar esa convivencia y potenciarla en la medida de lo posible».

Connivencia con los independentistas

Conviene recordar que Batet votó a favor del derecho a decidir en el año 2013. En el mes de febrero de ese año, Rosa Díez, entonces diputada de UPyD, presentó una moción en favor de la unidad de España y contra el «derecho a decidir», una iniciativa que defendían los diputados de Convergencia e Iniciativa per Catalunya.
Alfredo Pérez Rubalcaba reclamó a sus diputados votar no a la moción de los nacionalistas, pero los diputados del PSC rompieron la disciplina de voto. Entre ellos estaba Meritxell Batet junto a Francesc Vallés, Teresa Cunillera, Joan Rangel, Albert Solé, Juan Carlos Corcuera, Esperança Esteve, Isabel López Chamosa, Germán Rodríguez, Joan Ruiz, Román Ruiz y Alex Saez.
Rubalcaba multó a los diputados díscolos y el diputado José Zaragoza dimitió como secretario general del Grupo Parlamentario del PSOE. Los 600 euros aplicados a estos socialistas son la mayor multa con la que la dirección del partido sanciona los casos de indisciplina al tratarse de una “votación de vital importancia”.

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