Acusada de «crear un sistema opaco» para «manipular caprichosamente el nombramiento de directivos y cargos intermedios en la Sanidad andaluza».
La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, está denunciada -junto a otros altos cargos- por la Asociación Justicia por la Sanidad por presuntos delitos de «prevaricación continuada» en la realización de «nombramientos ilegales» en la Sanidad autonómica desde 2007.
La denuncia se interpuso en octubre del pasado año ante el Juzgado de Instrucción «porque las intrigas políticas no caben en la Sanidad». La entidad acusa a Montero de «crear un sistema opaco» para «manipular caprichosamente el nombramiento de directivos y cargos intermedios en la Sanidad andaluza y marginando a sabiendas los principios constitucionales de igualdad, merito, capacidad y seguridad jurídica».
Montero, actual responsable de Hacienda en Andalucía, es una mujer de confianza de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que pedía un peso específico de la federación más numerosa del PSOE en el nuevo equipo de Gobierno, y lleva varias décadas en política.
Es licenciada en Medicina y Cirugía, tiene un máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA y fue consejera de Salud -de 2004 a 2012-, y de Salud y Bienestar Social -de 2012 a 2013-, todo bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ahora investigados por la trama corrupta de los ERE.
Responsable de las cuentas andaluzas, destacó por ser una de las consejeras más combativas con el Gobierno de Mariano Rajoy -especialmente con Montoro por el «injusto», a su juicio, modelo de financiación autonómica-.
Una de las principales fricciones al frente de su departamento en la actual legislatura se produjo con el «socio» del PSOE en el Gobierno andaluz -Ciudadanos-, partido con el que mantuvo una dura negociación debido a la exigencia de la formación naranja de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.
La disputa se saldó con un acuerdo en el que se mantenía dicho impuesto aunque se limitó el límite exento a un millón de euros por heredero, lo que en opinión de estos dos partidos eliminaba en la práctica esta tasa.
