La recién nombrada secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, estuvo al mando de la compra de trenes para la línea 9 del TRAM entre Denia y Benidorm que no podían circular correctamente, ni atravesaban los puentes por su peso ni pasaban por los túneles por su tamaño. Esta grave equivocación, calificada por la oposición como una «chapuza», dejó durante años sin una conexión ferroviaria funcional a dos comarcas alicantinas y obligó al actual Consejo a invertir millones para reparar el desastre.
El problema se originó en 2022, cuando Rebeca Torró asumió la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad tras una remodelación del Gobierno de Ximo Puig. En enero de 2023, apenas unos meses antes de las elecciones autonómicas, la Generalidad Valenciana anunció la reactivación del tramo Gata de Gorgos–Dénia, como parte de la modernización de la línea 9 del TRAM. Sin embargo, los nuevos trenes duales, adquiridos por 43 millones de euros, pesaban 63 toneladas, mientras que algunos puentes sólo soportaban un máximo de 50 toneladas.
La falta de planificación y previsión provocó que los viajeros tuvieran que realizar hasta dos transbordos, con trayectos que superaban las tres horas para recorrer apenas cien kilómetros. Durante años, los habitantes de las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baja sufrieron un servicio ferroviario fragmentado, lento y poco funcional, lo que ha generado un creciente malestar ciudadano y numerosas críticas.
En marzo de 2023, se llegó a exigir en las Cortes Valencianas la destitución de Torró y de la dirección de Ferrocarriles de la Generalidad, al considerar el episodio una «estafa». A pesar de ello, Torró no asumió responsabilidades y su carrera política no solo no se vio afectada, sino que se fortaleció: fue número dos en la lista del PSOE en Valencia para las autonómicas, posteriormente portavoz socialista en el Parlamento valenciano, y finalmente nombrada secretaria de Estado de Industria por Pedro Sánchez.
