La Organización de Estados Americanos (OEA) ha confirmado que el dictador Nicolás Maduro oculta los resultados reales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el opositor Edmundo González Urrutia habría resultado vencedor, según denuncias persistentes. Además, el régimen mantiene operativo un amplio aparato de represión estatal para aferrarse al poder a toda costa.

La denuncia fue presentada formalmente por Gloria Monique de Mees, relatora especial para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una sesión del Consejo Permanente del organismo continental celebrada este miércoles. Allí, Mees dio lectura a un extenso informe que documenta con precisión la represión sistemática y la falta de garantías electorales en Venezuela.

El documento detalla que, pese al tiempo transcurrido desde los comicios, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas oficiales necesarias para auditar los resultados. Esta negativa —advierte la CIDH— vulnera tanto la normativa venezolana como los estándares internacionales, socavando la confianza ciudadana en el sistema electoral y negando a la población su derecho a conocer la verdad sobre su voto.

Más allá de las irregularidades en el conteo, el informe de la CIDH alerta sobre una campaña de persecución política desatada tras las protestas postelectorales. Según datos oficiales del propio gobierno, más de 2.000 personas fueron arrestadas en ese contexto. Veinticinco manifestantes perdieron la vida, 24 de ellos por impactos de bala en zonas letales del cuerpo, como la cabeza y el pecho. Sólo una de las víctimas pertenecía a cuerpos de seguridad; el resto eran civiles.

También se denuncia la detención masiva de adolescentes —muchos provenientes de barrios populares— durante las protestas o en redadas selectivas conocidas como «Operación Tun Tun». En muchos casos, estas aprehensiones se han transformado en detenciones prolongadas sin debido proceso, aislamiento absoluto y tratos que podrían ser considerados como tortura.

La relatora explicó que, hasta el momento, no existen avances sustanciales en la investigación de estas muertes ni medidas concretas para garantizar justicia o reparación. Decenas de presos políticos continúan recluidos sin acceso a abogados ni contacto con sus familiares, en condiciones inhumanas.

Periodistas, comunicadores y trabajadores de medios también han sido víctimas de detenciones arbitrarias en el marco de la represión, revelando un patrón sistemático de silenciamiento de voces críticas. Estos testimonios, recogidos por la CIDH, reflejan el cierre progresivo de los espacios democráticos en el país caribeño.

«La democracia venezolana no solo está deteriorada; está colapsada», sostuvo Mees. «Nos enfrentamos a un Estado que utiliza la maquinaria judicial para eliminar la disidencia, desmantela el Estado de derecho y convierte la represión en política de gobierno».