La Fundación SAMU, una ONG con amplia implantación en la gestión de centros de menores en España, figura como compradora de tabaco en una factura correspondiente a uno de sus recursos en la Península, según la documentación a la que ha tenido acceso el usuario de X Canario Today. El documento recoge la adquisición de diez paquetes de cigarrillos Winston por un importe total de 50 euros, emitida a nombre de la propia entidad.
Según fuentes conocedoras del funcionamiento interno del centro, la compra no es un hecho aislado. Un trabajador acude al establecimiento acompañado de menores extranjeros no acompañados (menas) y realiza la adquisición del tabaco, que posteriormente se distribuye entre los residentes.
La factura refleja de forma explícita la operación: diez unidades de Winston Selection 100s, con un precio final de 50 euros, cargadas a nombre de SAMU. Este extremo apunta a que la compra se realizó dentro de la operativa del centro o, al menos, con conocimiento de la organización.
La legislación española prohíbe de forma expresa la venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad. En un contexto de tutela institucional, este tipo de prácticas puede constituir una infracción grave, al implicar a una entidad responsable directa de la protección de los menores.
SAMU es una ONG que gestiona centros de menores e inmigrantes en distintas comunidades autónomas mediante contratos públicos. Su actividad depende en gran medida de financiación procedente de las administraciones, lo que sitúa el foco en el posible uso de fondos públicos para este tipo de adquisiciones.
El caso guarda paralelismos con el destapado hace meses en Canarias, donde la ONG Quorum Social 77 fue denunciada por la supuesta compra y distribución de tabaco entre menores en sus centros. En aquella ocasión, también se difundieron facturas y conversaciones internas que apuntaban a una práctica sistemática.
La reiteración de este tipo de episodios apunta a un problema estructural en algunos centros gestionados por organizaciones del tercer sector. La falta de controles efectivos y la escasa transparencia en la gestión diaria vuelven a quedar en evidencia.
