El Gobierno de María Chivite ha destinado alrededor de 280 millones de euros en siete años (2020-2026) a las entidades que gestionan los centros de menas.
Estos recursos se materializan en residencias que poco tienen que ver con la imagen austera que cabría esperar de un sistema de protección. Chalets de lujo en las zonas más exclusivas de la Comarca de Pamplona, como Zizur Mayor o Gorraiz, con piscinas privadas, jardines vallados, habitaciones individuales o dobles completamente equipadas, WiFi de alta velocidad, dispositivos móviles, ordenadores portátiles y líneas telefónicas para que los menores puedan mantener contacto con sus familias de origen sin coste. Algunos centros ofrecen incluso Netflix y llamadas gratuitas al extranjero. Además, cuentan con catering diario, personalizado según alergias y creencias religiosas.
Los informes oficiales de inspección ordinaria realizados por la propia Administración en 2025 confirman ese elevado estándar de vida. En el Centro Residencial Especializado Gorraiz (Valle de Egüés), gestionado en un entorno privilegiado, se constataron seis plazas todas ocupadas, con jardín exterior vallado y piscina. Las habitaciones, distribuidas en una vivienda unifamiliar de tres plantas más sótano, cuentan con baños completos y se adaptan según necesidades.
En Ermitagaña, también de Fundación Xilema, las seis plazas individuales disponen de mesa, silla, armario; cuentan con salas de formación, WiFi, dos dispositivos móviles, un ordenador portátil y línea telefónica. El piso de Protección Xilema Iturrama aloja a ocho menores (mitad chicos, mitad chicas de 16 y 17 años) en un piso urbano con cinco habitaciones (tres dobles y dos individuales), tres baños y cuarto de estar-comedor. El COA Etxegaray en Pamplona, con más menores que plazas, se encuentra también en un chalet unifamiliar con jardín.
En todos los casos, las inspecciones destacan la proximidad a recursos comunitarios, transporte público y la disponibilidad de espacios seguros para custodia de documentación y pertenencias. Recursos tecnológicos y de ocio que, sumados al elevado número de educadores y personal especializado que requieren estos dispositivos (ratio que la Administración no desglosa públicamente pero que explica en gran medida el coste por plaza), convierten cada centro en una instalación de primer nivel. En el chalet de Gorraiz, por ejemplo, cuentan con hasta 7 profesionales entre trabajadoras sociales, educadoras, psicóloga, cocinera o personal de seguridad, para atender sólo a 6 menores.
Irregularidades graves en los contratos
Precisamente uno de estos contratos, el suscrito con la Asociación Educativa Berriztu para la atención de ocho menores migrantes no acompañados (proyecto GARAPEN), ha saltado recientemente a la actualidad por graves irregularidades.
El Informe de Omisión de Fiscalización de la Intervención Delegada de Derechos Sociales revela que se ha propuesto abonar a la entidad 60.290,55 euros en concepto de «enriquecimiento injusto» por la gestión del mes de enero de este año. El contrato se adjudicó por procedimiento negociado en julio de 2024 y formalizó en agosto de ese año, con vigencia hasta diciembre de 2025. Ante la opacidad y las anomalías detectadas, el parlamentario foral de VOX, Emilio Jiménez Román, ha registrado una petición de comparecencia de la consejera Maeztu para que dé explicaciones en sede parlamentaria.
No es el único movimiento de VOX en Navarra. Su portavoz ha presentado recientemente una batería de preguntas escritas al Departamento de Derechos Sociales exigiendo detalle del importe recibido en 2024 y 2025 por entidades como Zakan, GINSO, Fundación Ilundain-Haritz Berri, Asociación Navarra Nuevo Futuro, Fundación Xilema, Fundación Gizain, ACCEM, Asociación Navarra Sin Fronteras, Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela, Cruz Roja Navarra, Asociación Educativa Berriztu, Fundación Koine Aequalitas y Magale – Asociación de Familias de Acogida de Navarra. Preguntas que buscan saber exactamente cuánto sigue creciendo este capítulo presupuestario y si se mantiene la tendencia al alza observada en el cuatrienio anterior.
Negocio en Navarra y en toda España
Este modelo no es una particularidad del Ejecutivo foral de María Chivite. El Gobierno de España, bajo la misma órbita política, replica idéntico modus operandi a nivel nacional, canalizando decenas de millones de euros públicos hacia las mismas entidades y ONG a través de contratos directos y adjudicaciones negociadas.
Prueba palmaria de ello es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por la navarra Elma Saiz, que ha financiado el alojamiento de una quincena de menas, a través de ACCEM, en un lujoso chalet en Zizur Mayor, una de las zonas más exclusivas de la Comarca de Pamplona, tal y como reveló VOX en sus redes sociales y fue publicado en el medio digital navarra.com.
El mismo Ministerio ha destinado subvenciones millonarias a esta entidad, que opera tanto en Navarra como en otras comunidades y figura expresamente en las preguntas parlamentarias de VOX para conocer los importes de 2024 y 2025.
Otros ejemplos que han saltado a la luz en sucesivos reportajes de investigación confirman el patrón a escala estatal: el uso de hoteles de cuatro estrellas y villas con piscina en Canarias para acoger a miles de menores llegados en patera, con costes que rondan los 100-150 euros diarios por plaza; los contratos millonarios con Cruz Roja Española y Cáritas en la Comunidad de Madrid y Cataluña para centros residenciales en barrios privilegiados; o la financiación directa a fundaciones como Ilundain y Xilema para dispositivos similares en distintas autonomías.
En todos los casos se repite la misma fórmula: adjudicaciones sin concurso público, ratios generosas de personal, equipamientos tecnológicos de primer nivel y un estilo de vida que incluye ocio, conexión permanente con el país de origen y entornos residenciales de alto standing. Un sistema paralelo que, siete años después y con 280 millones de euros solo en Navarra, sigue expandiéndose sin que el contribuyente reciba una explicación detallada sobre su verdadera eficiencia y ninguna respuesta a por qué, si estos menores tienen contacto con sus familias en sus países, no se les manda de vuelta a casa.
El «negocio de los menas» en Navarra no es una metáfora. Es una realidad presupuestaria que, según los documentos oficiales y los datos aportados por la propia consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Chivite, devora decenas de millones cada año mientras las mismas entidades que lo gestionan se consolidan como actores centrales del sistema de protección de menores en la Comunidad Foral.
