Hace cinco años, la isla de La Palma sufrió una de las mayores tragedias de su historia reciente: un volcán que destruyó edificaciones por un valor de 165 millones de euros y arrasó barrios enteros, cultivos y proyectos de vida. El 19 de septiembre de 2021 comenzó la erupción del Tajogaite, en la zona de Cumbre Vieja, dentro del municipio de El Paso, y no cesó hasta el 13 de diciembre, tras 85 días y ocho horas de actividad ininterrumpida.
El balance fue devastador: más de 1.600 viviendas quedaron reducidas a escombros, alrededor de 1.200 hectáreas resultaron sepultadas por la lava y cerca de 7.000 personas tuvieron que abandonar sus casas. Aunque las primeras mil evacuadas regresaron el 3 de enero de 2022 —aquellas cuyos inmuebles no habían sufrido daños—, quienes lo perdieron todo continúan, en muchos casos, sin una solución definitiva.
En 2026, decenas de afectados siguen residiendo en casas prefabricadas y contenedores metálicos concebidos como alojamiento provisional. Para muchas familias, lo que iba a ser un recurso temporal se ha convertido en una forma de vida prolongada en condiciones precarias. «Es humillante», resume Francisco Pulido, presidente de la plataforma Tierra Bonita, quien sostiene que la verdadera reconstrucción está corriendo por cuenta de los propios damnificados. Según afirma, la mayoría de las viviendas levantadas hasta ahora han sido promovidas por iniciativa privada de los afectados y no fruto de promociones públicas de nueva planta.
La controversia gira ahora en torno a las ayudas económicas. De acuerdo con los datos oficiales, entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario se han movilizado unos 340 millones de euros. Sin embargo, quedan pendientes de distribuir más de 250 millones, una cifra que se ha convertido en el principal foco de indignación entre los vecinos perjudicados según avanza El Confidencial Digital.
Desde la plataforma ciudadana denuncian falta de claridad en la gestión de esos fondos. Critican que la administración autonómica publique las cuantías globales concedidas pero no detalle quiénes son los beneficiarios, pese a que —según aseguran— existen resoluciones judiciales que obligan a facilitar esa información. «Hay autos que exigen transparencia, pero no se entregan las actas; prefieren asumir multas», sostiene Pulido.
Las sospechas no se limitan a la opacidad en el reparto de las ayudas. También se cuestionan incrementos presupuestarios en determinados expedientes de obra, que, según los denunciantes, habrían pasado de cifras iniciales de cuatro millones a 25 millones de euros. La asociación ha anunciado que remitirá un informe a la Fiscalía para que analice posibles irregularidades, al tiempo que mantiene cinco procedimientos judiciales abiertos contra administraciones autonómicas e insulares por la falta de publicación de las listas de beneficiarios. En marzo están citados ante el juez.
A ello se suma la crítica a lo que califican de «reconstrucción a la carta». Cuatro años después del desastre, todavía existen 12 kilómetros de perímetro de exclusión en los que residen personas sin contar con certificado de habitabilidad. Además, se denuncian movimientos especulativos en terrenos cubiertos por la lava, con compras de suelo a precios muy bajos que, según la plataforma, favorecerían a determinados intereses inmobiliarios.
El malestar social se intensificó tras la visita, el 12 de febrero, del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres —expresidente de Canarias y natural del archipiélago—, quien no mantuvo reuniones con asociaciones de afectados. Para muchos damnificados, ese gesto simboliza la distancia entre las instituciones y quienes aún sufren las consecuencias directas de la erupción.
Todo ello contrasta con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha planteado una inversión de 23.000 millones de euros para promover la construcción de 15.000 viviendas anuales y movilizar hasta 120.000 millones con apoyo de inversores internacionales para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. En La Palma, sin embargo, cinco años después de la catástrofe volcánica, no se ha culminado ni una sola promoción pública de nueva construcción destinada a los afectados.
