Un millar de hectáreas de superficie agraria mayoritariamente cultivadas compiten con las placas solares a través de numerosos proyectos que están sobre la mesa en distintas fases administrativas. Buena parte de estas tierras corresponden a zonas de regadío consolidadas, lo que ha generado tensiones entre comunidades de regantes, promotores de energías limpias y responsables institucionales.
Uno de los focos de mayor preocupación se sitúa en el entorno del canal Segarra-Garrigues, donde representantes de la concesionaria calculan que unos 720 hectáreas productivas están comprometidas por la instalación de paneles fotovoltaicos. Mientras tanto, en el área regable del Segrià Sud ya han comenzado los trabajos para ocupar unas 55 hectáreas más, donde incluso se han talado árboles en previsión del montaje de una planta solar. Se trata del proyecto Aulivier, que afecta a fincas entre Llardecáns y La Granadella, promovido desde hace años y cuestionado ahora por las asociaciones de regantes de la zona.
En Alcarrás, por su parte, ya hay en ejecución cerca de 600 hectáreas repartidas en ocho desarrollos impulsados por las compañías Solaria e Ignis, parte de ellas también en territorio irrigado por el Canal de Aragón y Cataluña. En esa misma red de riego, que abarca unas 105.000 hectáreas, su presidente José Luis Pérez considera que la superficie potencialmente ocupada por las plantas solares —entre 1.000 y 2.000 hectáreas— tendría un efecto limitado. Sin embargo, reconoce que aún no disponen de cifras precisas.
Otros planes en curso incluyen nuevas instalaciones de Solaria en el término de La Portella, en el ámbito del canal de Pinyana, con una proyección de 100 hectáreas más. En estos contextos, muchos agricultores han comenzado a firmar acuerdos con las empresas para permitir la implantación de infraestructuras solares en sus propiedades, algo que, según los regantes, pone en entredicho el relevo generacional en el campo y el mantenimiento del uso agrario de las tierras.
Además del conflicto por el uso del suelo, las inversiones públicas en sistemas de riego han encendido el debate sobre la legalidad y la legitimidad de desviar terrenos que recibieron financiación estatal o autonómica con un fin agrícola. Algunos expertos alertan de que transformar estas parcelas en espacios para producir electricidad, aunque sea renovable, contradice los objetivos iniciales de los planes de desarrollo rural.
Las comunidades de regantes, por su parte, se oponen a permitir que las empresas de energía salgan del sistema de riego sin más. En la mayoría de los casos, las compañías que adquieren fincas siguen siendo miembros de las comunidades y deben abonar cuotas fijas y variables, pese a que ya no hagan uso del agua. Este criterio cuenta con respaldo judicial: una sentencia del Tribunal Supremo, dictada hace más de dos décadas, establece que sólo puede darse de baja un usuario que demuestre que regar es imposible o antieconómico debido a altos costes de recuperación.
El Plan Territorial de Energías Renovables de Cataluña (Plater), que se encuentra en su fase final de elaboración, deberá abordar precisamente este tipo de situaciones, marcando criterios claros para que la instalación de placas solares en suelo rústico cause el menor perjuicio posible al sector primario.
