La Policía Nacional ha alertado en un informe interno de que el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar de forma masiva a inmigrantes ilegales provocará un fuerte aumento de la carga de trabajo sin que el Ejecutivo haya previsto refuerzos de personal ni incremento presupuestario. Los agentes advierten de un posible colapso en las comisarías y oficinas de Extranjería ante una medida que podría afectar a hasta 1,2 millones de personas.
El documento, elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a comienzos de febrero y adelantado por Vozpópuli, cuestiona directamente el diseño del Real Decreto que el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas. Frente a la estimación oficial de 500.000 beneficiarios, los cálculos internos del cuerpo elevan la cifra a más del doble.
Los expertos policiales consideran «una temeridad» que la norma no contemple «impactos presupuestarios ni en materia de personal», pese a que la regularización implicará tareas complejas como la verificación de antecedentes penales, la comprobación de identidades o la elaboración de informes. Todas estas funciones recaerán sobre unas unidades que ya denuncian una situación de saturación estructural.
La regularización arrancará previsiblemente en abril y obligará a gestionar una avalancha de expedientes. Según diversas informaciones, el Gobierno planea centralizar la tramitación en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), ubicada en Vigo y dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con esta decisión, el Ejecutivo busca evitar el colapso de las subdelegaciones provinciales, aunque el informe policial advierte de que el problema se trasladará a las dependencias de la Policía, donde no se han previsto refuerzos.
Además, los agentes cuestionan la vía elegida por el Gobierno para aprobar la medida. El proyecto se tramitará por la vía de urgencia mediante Real Decreto, pese a que tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite en el Congreso en abril de 2024. «No parece que se trate de una situación sobrevenida», señalan los autores del informe, que dudan de la justificación de esa urgencia.
El documento también pone el foco en las debilidades del sistema de control previsto. En particular, critica el requisito de carecer de antecedentes penales y la exigencia de acreditar una permanencia continuada de cinco meses en España. Según los expertos, resulta «altamente improbable» que un ciudadano extranjero acumule una sentencia penal firme en un plazo tan corto, lo que limita la eficacia del filtro.
Asimismo, advierten de que el decreto no define con claridad qué documentos servirán para acreditar esa permanencia, lo que abre la puerta a interpretaciones laxas y posibles fraudes en el proceso.
El informe refleja una preocupación creciente dentro de la Policía Nacional por el impacto operativo de una de las mayores regularizaciones planteadas en España en los últimos años, en un contexto ya marcado por la presión migratoria y la saturación administrativa.
