La Policía Nacional aplica desde agosto de 2022 una instrucción interna que desaconseja el ingreso en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de inmigrantes marroquíes independientemente de que dispongan de documentación o pasaporte válido. Según un documento interno consultado en exclusiva por LA GACETA, el motivo principal radica en la falta de colaboración de Marruecos para ejecutar las repatriaciones, una situación que, según fuentes policiales, se mantiene inalterada en la actualidad.
Esta directriz, emitida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) el 29 de agosto de 2022, surgió ante las «dificultades extremas» para identificar y devolver a estos nacionales indocumentados. El comunicado interno reconocía que, en la práctica, Marruecos no facilitaba la repatriación, lo que convertía el internamiento en un procedimiento inútil. Como consecuencia, los inmigrantes eran liberados tras las 72 horas máximas de detención policial sin que se iniciara el proceso de expulsión.
Tres años y medio después, la realidad descrita en aquel documento no ha cambiado. Fuentes policiales con amplia experiencia en unidades de extranjería confirman a LA GACETA que la orden sigue vigente en todo el territorio nacional y se aplica de forma rutinaria. «La excusa que se ponía es que Marruecos no reconocía a sus ciudadanos si no llevan pasaporte original», explica un agente. Sin embargo, esa justificación no es real.
«Esa excusa ya no vale. He tenido ocasiones de retirar el pasaporte a alguno para cuando tuviese un expediente de expulsión poder expulsarle y, aún así, no me lo han aceptado (para ser internado en CIE)”, añade la misma fuente. El testimonio es claro, incluso cuando se dispone del pasaporte original y se ha retirado para garantizar la expulsión, los consulados son reacios a la expulsión de marroquíes. Los agentes destacan que esta limitación es exclusiva a nacionalidades magrebíes, extendiéndose a ciudadanos argelinos. En contraste, “todo lo que no sea marroquí y argelino entra en el CIE». «Da igual si el inmigrante carece de documentación, para el resto de nacionalidades el procedimiento se activa sin problemas”, afirman.
Esta política selectiva se ve reforzada por informes posteriores de la propia Policía. Según ha constatado este medio, en septiembre del año pasado, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras alertó a la Fiscalía de la «nula colaboración» de los países magrebíes a la hora de repatriar a inmigrantes que delinquen. Marruecos y Argelia representan un tercio de las entradas ilegales, pero las devoluciones son prácticamente inexistentes. Fuentes policiales consultadas por este diario insisten en que el Consulado marroquí pone numerosas dificultades, incluso cuando toda la documentación está en regla.
La diferencia con otras nacionalidades es llamativa. En las últimas semanas ha llegado a las comisarías una orden expresa para intensificar las detenciones de guineanos, tanto de Guinea Ecuatorial como de Guinea Conakry. «Ahora nos ha venido una orden de coger a guineanos, que va a haber un montón de vuelos de repatriación para guineanos», detalla el agente. En estos casos, los detenidos se tramitan con urgencia y se internan en CIE para garantizar la expulsión inmediata.
El resultado práctico de la instrucción de 2022 es que miles de marroquíes y argelinos ilegales quedan en libertad en las calles españolas tras el plazo máximo de detención. No se inicia el procedimiento de internamiento en CIE, pese a que la ley lo contempla precisamente para asegurar la expulsión cuando existe riesgo de fuga o falta de colaboración.
Esta situación genera una paradoja evidente en el sistema de extranjería: mientras se priorizan repatriaciones rápidas con países cooperadores como Guinea, los nacionales magrebíes —incluso con órdenes de expulsión pendientes— eluden el CIE de manera sistemática. El caso del yihadista Yassine Kanjaa, responsable del atentado de Algeciras, ilustra cómo esta instrucción se aplicó en la práctica. Pese a tener pendiente una orden de expulsión, no fue internado en un CIE.
La falta de reciprocidad por parte de Marruecos y Argelia en materia de repatriaciones obliga a las fuerzas de seguridad a priorizar recursos en aquellos casos en los que sí existe una perspectiva real de ejecución. Mientras tanto, la instrucción que limita los internamientos en CIE para estas dos nacionalidades sigue siendo la norma no escrita pero de cumplimiento estricto en las comisarías españolas.
