La Policía Nacional estima que alrededor de 400.000 inmigrantes ilegales que no se encontraban viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 habrían logrado incorporarse al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, pese a que esa fecha constituía el requisito temporal fijado para poder acogerse a la medida.

Según fuentes policiales especializadas consultadas por El Español, el volumen de solicitudes recibidas habría superado los 1,3 millones, mientras que el número de extranjeros en situación irregular que realmente residían en España antes de la fecha límite rondaría los 850.000. A juicio de estos mandos, la diferencia entre ambas cifras evidenciaría que cientos de miles de personas habrían accedido al procedimiento sin cumplir las condiciones inicialmente establecidas.

Los especialistas en Extranjería sostienen que estos datos contradicen la explicación ofrecida por el Ejecutivo, que defendía que el elevado número de peticiones respondía a la existencia previa de una amplia población inmigrante sin documentación en territorio español. Desde la Policía consideran, por el contrario, que el desfase entre las estimaciones y las solicitudes presentadas apunta a un posible fraude de gran magnitud.

Pese a estas advertencias, los agentes especializados no participarán en la fase de revisión de la documentación aportada por los solicitantes. La comprobación de los expedientes quedará bajo la responsabilidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de las oficinas de Extranjería dependientes de dicho departamento, sin intervención directa de las unidades policiales expertas en la materia.

Las mismas fuentes recuerdan que fueron precisamente los especialistas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras quienes meses atrás anticiparon con bastante precisión el número de personas que finalmente optarían a la regularización. Aquella previsión quedó reflejada en un informe firmado por el comisario central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, que estimaba que el proceso alcanzaría aproximadamente 1,25 millones de beneficiarios.

En ese documento también se advertía de un posible «efecto llamada». Según el análisis policial, organizaciones dedicadas al tráfico de personas comenzaron a difundir en distintos países información sobre la regularización a través de redes sociales, presentándola como una oportunidad para acceder posteriormente a la residencia en España.

Durante el seguimiento del proceso, los investigadores detectaron igualmente un mercado clandestino dedicado a facilitar documentación presuntamente falsa para acreditar la permanencia en territorio español. Entre los documentos ofertados figuraban facturas de suministros, contratos o justificantes de servicios, comercializados a través de plataformas digitales como Telegram e Instagram con el objetivo de cumplir los requisitos exigidos por la Administración.

Además, la Policía ya había alertado en un informe previo, elaborado pocas semanas después del anuncio de la medida, de un incremento significativo de denuncias por supuesta pérdida de pasaportes presentadas por ciudadanos extranjeros. Según los agentes, en numerosos casos estas declaraciones podrían responder a una estrategia para intentar acogerse al proceso de regularización, llegando incluso a señalar que entre los solicitantes habría personas con antecedentes policiales o penales.