Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Provincial de Málaga han desarticulado a una organización criminal dedicada a la captación y empadronamiento de inmigrantes ilegales a los que cobraban entre 300 y 700 euros. Los detenidos llegaron a empadronar a más de 150 en dos viviendas que tenían una superficie total de 136 metros cuadrados.
Los detenidos utilizaban una finca —propiedad de uno de los implicados— en la que había dos viviendas que sumaban una superficie total de 136 metros cuadrados. Allí empadronaban a todos los inmigrantes ilegales que querían regularizar su situación.
Los primeros indicios del delito se tuvieron el año pasado en una investigación que pretendía poner fin a la proliferación de asentamientos clandestinos de caravanas en el municipio de Vélez-Málaga. Durante esas pesquisas se localizó una finca que carecía de los permisos necesarios para la actividad de estacionamiento de larga estancia.
Inspecciones posteriores demostraron que la propiedad, con tan sólo 136 metros cuadrados y dos viviendas construidas, contaba con un elevado número de personas empadronadas: 173.
De todos los empadronados, 153 resultaron ser inmigrantes ilegales y sólo 12 habitaban allí en la actualidad, entre ellos los cuatro detenidos que se encargaban de explotar la finca para la regularización de inmigrantes ilegales.
Las informaciones recabadas demostraron que muchas de las personas empadronadas nunca habrían morado en la finca. Principalmente inmigrantes en situación ilegal de origen marroquí y senegalés, que eran captados en la provincia de Almería por la organización y que habían llegado a pagar entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y con ello regularizar su situación administrativa.
La operación policial ha conseguido identificar una estructura criminal que basaba su actividad en la falsedad documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal. Igualmente, se ha comprobado que otras personas investigadas han conseguido regularizar su situación en España gracias a esta organización, pudiéndose enfrentar a una revocación de los permisos ya concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.
