Agentes de la Policía Nacional detuvieron el lunes a un total de doce personas, de diferentes nacionalidades y edades comprendidas entre los 24 y los 52 años, por formar parte de una red criminal dedicada al empadronamiento de inmigrantes ilegales en Murcia a cambio de dinero. Con ello lograban la obtención de ayudas económicas, administrativas y la regularización de la situación ilegal en España de estos inmigrantes.
La investigación de la Policía Nacional se inició tras la denuncia de una propietaria de una vivienda en la ciudad de Murcia en la que aparecían empadronadas siete personas, todas ellas inmigrantes ilegales, que no estaban viviendo en el domicilio y que carecían de cualquier relación con la dueña.
A partir de entonces, las gestiones practicadas por los agentes pudieron determinar que, en diversos domicilios de la ciudad, otros propietarios también habían denunciado hechos similares.
En todos los casos, los integrantes de la red criminal realizaban contratos de arrendamiento falsos que posteriormente se presentaban en el Ayuntamiento, al ser este uno de los requisitos necesarios para su inscripción en el correspondiente padrón municipal. Todo ello sin que en ningún momento los verdaderos dueños de los inmuebles formaran parte del contrato real con los inmigrantes ilegales empadronados.
Fruto de las investigaciones se pudo comprobar que la persona que figuraba como arrendatario en estos contratos falsos se presentaba en el Ayuntamiento y empadronaba a su vez a otras personas, previo pago de una cantidad de dinero. Según las pesquisas, se habría empadronado a varias personas hasta en seis domicilios diferentes todos ellos en la ciudad de Murcia.
Los empadronados, que se encontraban en situación ilegal en España, buscaban poder obtener beneficios en forma de prestaciones o autorizaciones de residencia.
La Policía Nacional detuvo a 12 personas, a las que se les imputan varios delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Todos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Murcia quien dispuso las medidas judiciales pertinentes.
