La «regularización» extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Sánchez ha destapado en sus primeras semanas la proliferación de falsas gestorías y negocios ilegales que buscan lucrarse con el proceso impulsado por el Ejecutivo.
La Policía Nacional de Ávila ha lanzado una advertencia a través de medios locales ante la aparición de estas prácticas. «Ante el anuncio de esta regulación extraordinaria, concurren dos circunstancias que pueden ser aprovechadas por supuestos gestores estafadores. Por un lado, la urgencia de muchos por regularizar su situación administrativa y, por otro, el desconocimiento legal sobre los procedimientos», según publica El diario de Ávila.
Los agentes alertan de anuncios con mensajes como «Te ayudamos a ser legal» o «Te gestionamos el papeleo», tras los que se esconden supuestos intermediarios que cobran entre 300 y 1.000 euros por trámites que, en muchos casos, ni siquiera llegan a iniciar. Aunque en Ávila aún no se han presentado denuncias formales, sí se han detectado «prácticas sospechosas» en redes sociales vinculadas a la «regularización» de inmigrantes ilegales.
«En muchos casos se trata de personas sin formación en extranjería, supuestos gestores que simulan ser abogados o falsas asesorías que crean expectativas irreales», advierten. Según la Policía, estos estafadores suelen exigir pagos por adelantado, en efectivo y sin justificante, para después desaparecer sin completar ningún procedimiento administrativo.
Otra modalidad detectada consiste en el cobro por la obtención de citas previas, con precios que oscilan entre los 50 y 100 euros, pese a que estos turnos son gratuitos. El propio Ministerio de Inclusión recuerda en su web que «las citas presenciales son completamente gratuitas y nadie puede cobrar por ellas».
«Policía Nacional recomienda acudir únicamente a canales oficiales, desconfiar de promesas rápidas o garantizadas y no realizar pagos sin la debida acreditación profesional», insisten las autoridades, que recuerdan que cualquier intento de fraude puede denunciarse en el teléfono 091 o en dependencias policiales.
La realidad, sin embargo, evidencia el alcance del problema ya que muchas asesorías ilegales ofrecen servicios a inmigrantes a cambio de dinero. Las tarifas varían entre 30 y 150 euros, incluyendo la obtención de citas que deberían ser gratuitas. «Simplemente la buscamos todo el tiempo hasta que sale, no hacemos nada diferente a lo que pueda hacer cualquier persona», aseguran en una asesoría, según El diario de Ávila.
