España va camino de cerrar el año con un récord preocupante en detenciones por terrorismo; al menos 100 arrestos a lo largo del año, la cifra más alta desde los atentados del 11-M en 2004. La alerta antiterrorista se mantiene en nivel 4 (alto) sobre 5, con refuerzos activados en periodos sensibles como la Navidad. En este clima de amenaza constante, los datos publicados por ACNUR sobre el asilo —134.401 nuevas solicitudes hasta noviembre y más de 262.000 pendientes— obligan a mirar con atención ciertas nacionalidades. Malí, Palestina y Marruecos concentran tasas de reconocimiento muy dispares que, en un contexto de inmigración ilegal y riesgos de radicalización, generan serias dudas sobre el equilibrio entre protección humanitaria y seguridad nacional.

Malí destaca por una tasa de reconocimiento del 98%, un total de 7.231 propuestas positivas frente a solo 32 rechazos. El país vive una crisis profunda en el Sahel, donde grupos como Al Qaeda y Estado Islámico controlan territorios extensos y fomentan la radicalización. El Índice Global de Terrorismo 2025 señala un empeoramiento claro de la situación, con desplazamientos masivos y la intervención de actores externos que agravan el caos. Aunque muchas peticiones malienses responden a persecuciones reales, la casi automática aceptación plantea interrogantes cuando España ya ha detenido a inmigrantes vinculados a redes islamistas de origen subsahariano.

En el caso palestino, la tasa alcanza el 77%, con 1.002 decisiones positivas y 282 negativas. El conflicto en Gaza ha marcado la agenda internacional, y España ha tomado posiciones altamente controvertidas como el reconocimiento del Estado palestino en 2024 y restricciones a las exportaciones de armas hacia Israel. A este respecto, fuentes policiales consultadas por LA GACETA confirman que “varias solicitudes han sido rechazadas precisamente por expedientes que apuntan a vínculos con zonas de alta radicalización islamista”. Informes especializados, como los del International Centre for Counter-Terrorism, insisten en la necesidad de vigilar la posible radicalización entre solicitantes expuestos a entornos extremistas. Aunque el Gobierno rechazó acogidas directas de desplazados gazatíes argumentando que su lugar está en Gaza, el elevado porcentaje de reconocimientos para otros palestinos alimenta el debate sobre posibles sesgos políticos por delante de nuestra seguridad. «En un momento de operaciones antiterroristas frecuentes, admitir perfiles procedentes de regiones con presencia de organizaciones como Hamás –calificada como terrorista por la UE– exige una evaluación especialmente rigurosa», sostienen los agentes consultados.

Marruecos, por su parte, ilustra el uso del asilo como vía alternativa para la inmigración ilegal económica. Con solo un 5% de tasa de reconocimiento –2.921 rechazos frente a 208 positivos–, la mayoría de los solicitantes no huye de conflictos, sino que busca explotar un sistema de ayudas proporcionado por el actual Ejecutivo. Algunos alegan persecuciones que no se sostienen, como la religiosa en un país que garantiza libertades básicas según informes internacionales. En este contexto, no podemos ignorar que los nacionales marroquíes aparecen con frecuencia en las detenciones por yihadismo, especialmente en Cataluña, donde se han desmantelado varias células en lo que va de año.

A todo ello se suman las 259.397 protecciones temporales concedidas desde 2022, que evidencian un sistema al límite. El informe TE-SAT 2025 de Europol vuelve a señalar el yihadismo como la principal amenaza en la Unión Europea, con especial atención a la radicalización online. Según los agentes consultados por este medio, «resulta imprescindible endurecer los criterios de evaluación y priorizar la prevención de riesgos».