
La Policía Nacional ha reconocido ante instancias de la Unión Europea que las expulsiones de inmigrantes ilegales hacia Marruecos son actualmente muy limitadas, según consta en el informe definitivo elaborado tras la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Canarias el pasado mes de septiembre.
Según publica okdiario, la afirmación fue realizada por el agente José Antonio Ayuso, representante del cuerpo ante dicha misión.
Durante su intervención, Ayuso explicó que la ausencia de documentación entre inmigrantes ilegales de origen marroquí dificulta la ejecución de retornos, ya que Marruecos no tramita identificaciones en estos casos y rechaza acuerdos efectivos de repatriación con España.
El informe comunitario también señala problemas de coordinación en la zona de responsabilidad marítima compartida, especialmente en el área SAR. En este sentido, se reprocha a Marruecos una cooperación irregular, descrita como dependiente de sus propios intereses estratégicos. Asimismo, se mencionan incidentes como la falta de detección de embarcaciones en aguas próximas a Canarias.
En el ámbito interno, el documento recoge testimonios sobre tensiones sociales en zonas receptoras de inmigración, particularmente en barrios con centros de acogida. Representantes vecinales han trasladado inquietudes relacionadas con la percepción de inseguridad y la distribución de recursos asistenciales.
Por otra parte, la evaluación europea advierte de que las políticas de «regularización» podrían incrementar la presión de la inmigración ilegal, especialmente en rutas ya tensionadas como la atlántica y la mediterránea. El informe subraya que decisiones adoptadas sin coordinación con otros Estados miembros pueden afectar a la cohesión de la política migratoria común.
Finalmente, se destaca la falta de datos precisos sobre costes en algunos centros de acogida, pese a la financiación nacional y europea asignada, lo que apunta a carencias en la gestión y evaluación de recursos públicos.