Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, quien fuera uno de los principales colaboradores de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el marco de una investigación por presuntos cobros ilegales vinculados a decisiones en materia tributaria.
La operación, autorizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid y adelantada por El Debate, Inmaculada Lova, se llevó a cabo el pasado 11 de febrero en un inmueble situado en la urbanización Parquesol de Valladolid. Durante varias horas, los agentes inspeccionaron minuciosamente la vivienda, incautando dispositivos electrónicos, documentación en papel y distintos soportes digitales que ahora están siendo analizados.
En el momento del registro, Marco Sanjuán no se encontraba en el domicilio, aunque fue informado a través de su defensa legal. Paralelamente, también se han practicado actuaciones similares en otras propiedades vinculadas al exalto cargo, con el objetivo de recopilar pruebas que permitan esclarecer los hechos.
La investigación gira en torno a una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Marco Sanjuán y otras quince personas por un presunto delito de cohecho. Los investigadores tratan de determinar si el exresponsable utilizó su posición dentro del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) para influir en resoluciones fiscales de gran cuantía a cambio de contraprestaciones económicas.
Según las pesquisas, el exalto cargo habría intervenido en expedientes relevantes, llegando incluso a revertir sanciones millonarias. La hipótesis de trabajo apunta a que algunas decisiones no respondían exclusivamente a criterios técnicos, sino que estarían relacionadas con pagos efectuados por empresarios beneficiados por esas resoluciones.
Uno de los aspectos clave de la investigación es reconstruir el recorrido del dinero supuestamente entregado, así como identificar posibles conexiones con terceros implicados. Para ello, los agentes analizan tanto la documentación intervenida como las comunicaciones almacenadas en los dispositivos incautados.
Entre los indicios recopilados figura el testimonio de un empresario que habría entregado 100.000 euros a cambio de la anulación de un procedimiento fiscal. Según esta versión, los pagos se realizaban en encuentros discretos, con cambios de ubicación y horarios para evitar levantar sospechas. En algunos mensajes, el propio Marco Sanjuán sugería que las cantidades no se destinaban únicamente a él, lo que ha abierto la puerta a la posible implicación de más personas.
El caso ha tenido también repercusión en el ámbito político. A pesar de la investigación en curso, la ministra de Hacienda ha mantenido su respaldo al que fuera uno de sus hombres de confianza, calificando las informaciones como infundadas. En términos similares se ha expresado el secretario de Estado de Hacienda, que ha restado credibilidad a las acusaciones.
Con el análisis del material incautado aún en marcha, la causa sigue avanzando para determinar si existen pruebas concluyentes que acrediten el cobro de comisiones y el posible entramado que habría operado en torno a estas decisiones fiscales.
