Las zarpas de George Soros vuelven a hacerse visibles en España. No aparece un talón firmado a su nombre en la Puerta del Sol, pero sí un itinerario institucional difícil de ignorar: la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, se formó en una universidad vinculada a la Open Society Foundations. Mientras la acampada por la vivienda se convierte en presión directa sobre el Gobierno, ese dato vuelve a encender el debate sobre quién habla, desde dónde se formó y qué redes rodean a las caras más mediáticas del conflicto.
Racu, nacida en Moldavia en 1995 y criada en Madrid desde los cinco años, es hoy una de las voces más repetidas del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Antes fue actriz adolescente en series como Doctor Mateo, Hospital Central y El tiempo entre costuras. Después encadenó un Bachillerato en el United World College de Costa Rica con beca de la Fundación «la Caixa» y un grado en Antropología Social en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la Universidad de Londres. Allí no se limitó a estudiar: en 2019 fue elegida copresidenta de Welfare & Campaigns del sindicato de estudiantes, un cargo sabático a tiempo completo que ocupó hasta 2020. En esa etapa impulsó protestas estudiantiles y una huelga de alquileres. Desde 2022 es portavoz del sindicato madrileño.
El nexo con Soros no está en su DNI. Está en SOAS. En enero de 2020, George Soros anunció en Davos la Open Society University Network (OSUN), una red universitaria global a la que comprometió 1.000 millones de dólares para promover «sociedades abiertas», compromiso cívico y formación de élites académicas alineadas con esa agenda. SOAS fue una de las doce universidades de la primera fase. La propia institución lo celebró: «SOAS could not be more proud to be part of the launch of George Soros’s ground-breaking vision». Racu estaba entonces en esa universidad y ocupaba un puesto electo y remunerado en su sindicato estudiantil.
Esa no es una foto suelta. Open Society ha seguido inyectando dinero en SOAS. En 2023 constan al menos tres partidas: 300.000 dólares para una red multinacional de estudiantes; 730.754 dólares para una comisión de investigación sobre violencia intercomunitaria en el Reino Unido; y 1.439.918 dólares para fellows de democracia y derechos humanos en la diáspora sudasiática. No convierten a Racu en empleada de Soros. Sí sitúan su formación en una institución que Open Society eligió como socio estratégico y a la que después financió con millones.
Hay un segundo eslabón educativo. Racu pasó por United World Colleges. Esa red también ha recibido subvenciones de Open Society: 60.000 dólares en 2017, 65.000 en 2018 y 70.000 en 2019 para programas sobre «guerra contra las drogas» y voces juveniles. La coincidencia se agranda porque Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres en Barcelona, también estudió en UWC. Dos caras principales del movimiento inquilino en Madrid y Barcelona salieron de la misma red internacional de colegios de élite.
El Sindicato de Inquilinas, nacido en 2017, sostiene que se financia con cuotas —unas 100 euros al año o 10 al mes— y que no recibe subvenciones públicas. Según su propia transparencia, las afiliaciones suponen cerca del 87% de los ingresos. En las fuentes abiertas no aparece una partida de Open Society al sindicato comparable a las de SOAS o a las de otras ONG españolas del entorno de derechos civiles. Eso no cierra el asunto: cierra la versión más tosca. La tesis que circula no es que Soros pague las tiendas de Sol. Es que una de las portavoces que exige «o cae el rentismo o cae el Gobierno» se formó, militó y cobró un cargo estudiantil en una universidad que Soros integró en su gran proyecto académico.
Ese encaje llega en un momento de máxima tensión. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, ha convertido la Puerta del Sol en un campamento y al sindicato en interlocutor mediático. Racu ha llevado al plató la misma línea que ensayó en Londres: desobediencia frente al casero, huelga de alquileres, contratos indefinidos y salida de la vivienda del mercado. El Gobierno aparece acorralado entre la calle, los socios y un decreto que el propio movimiento considera «solo el principio».
